Show, dólares, exportaciones

El delito que no se convierte en un escándalo público, mediático, no existe para nosotros. Primera conclusión: nuestras emociones y opiniones están condicionados por lo que recibimos de los medios de comunicación que consumimos. Todos ellos representan intereses. ¿Son los nuestros?

Hemos observado en estos últimos días espectáculos televisivos de exfuncionarios de la anterior gestión detenidos en situaciones por cierto humillantes, en todos los casos con un denominador común: la violación de las garantías constitucionales y legales. Sin perjuicio de la adhesión o simpatía que nos puedan merecer –en mi caso por cierto no la hay– o la responsabilidad penal de aquellos, lo cierto es que sin indagar a una persona no puede
–salvo casos excepcionales– ser detenida. Más aun cuando un imputado se ha puesto a disposición de la Justicia y ha asistido a cada una de las convocatorias que le han formulado.

El debido proceso legal, el sometimiento al juicio previo a la condena, la garantía de defensa, la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia mientras no se declare la culpabilidad del imputado son reglas legales que garantizan derechos inalienables de todo argentino incluso desde la sanción de nuestra Constitución.

Por cierto el Estado de derecho ha sido violado en sus normas sustanciales, lo cual genera un antecedente grave que nos lleva a preguntarnos: ¿mañana serán los hoy oficialistas? No parece ni lo legal, ni lo razonable por cierto. Recordemos un principio: la política debe resolver sus problemas, y no la Justicia los problemas de la política.

El show, como espectáculo mediático y rimbombante, puede esconder y distraer si sólo nos interesa aquél. En las mismas horas de los hechos relatados se dictó el decreto Nº 893 por el cual se elimina la obligación de los exportadores de liquidar los dólares que reciben por la venta de sus productos al Banco Central. Se trata de una norma de más de 50 años
–sólo Cavallo se atrevió a dejarla sin efecto–, dispuesta por el presidente radical Arturo Illia, medida que no fue ajena a su caída. La negociación de las divisas extranjeras en el mercado único de cambios era una obligación de todos los exportadores.

El gobierno actual había extendido de 30 días a 10 años el plazo para ingresarlas al país y liquidar los dólares que aumentan las reservas del Banco Central para pagar deuda externa, importaciones de bienes, turismo o atajar corridas cambiarias especulativas que suban desmesuradamente el valor del dólar.

El argumento que indica el decreto resulta una vaguedad: mejorar la competitividad y la previsibilidad financiera.

Por cierto si hay algo que no será mejor y expone gravemente al país a las corridas cambiarias o al aumento de las tasas de interés para endeudarse en dólares –como lo hacemos hoy adictivamente– es la decisión adoptada.

La obligación de los exportadores a liquidar divisas aseguraba al Estado dotarse de dólares genuinos de la exportación comprados con pesos generados por él.

Los dólares que vemos hoy han sido generados en su mayoría por deuda externa. Muchos de ellos circulan entre nosotros y otros están en el Banco Central como reservas, pero pagan intereses porque son prestados.

Se trata de una medida que ha asegurado a los grandes exportadores –los pequeños necesitan traer los dólares porque carecen de capacidad financiera para dejarlos en el exterior y son su capital de trabajo – poder sacar del país sin control del Estado todos los dólares que quieran. Hoy, sólo los dólares por endeudamiento ingresan en cantidad a nuestro país.

Las inversiones genuinas que traen dólares del exterior –con un Occidente que espera paciente otro colapso financiero– apenas se asoman.

La última vez que se aplicó esta medida –Cavallo– terminamos en la crisis cambiaria y de endeudamiento más grande de la historia Argentina.

Pensemos en las devoluciones entonces, y en las trágicas repeticiones por cierto.

*Abogado y docente de la Facultad de Economía de la UNC