Test nuclear para la democracia

Se ha anunciado la construcción de una central nuclear en el territorio de la provincia de Río Negro, en un área a definir dentro de un frente costero de 234 kilómetros, entre Sierra Grande y el balneario El Cóndor.

Ante ello, miembros de la sociedad rionegrina y algunos de sus referentes han alzado la voz para expresar su alarma y oposición a dicho proyecto. E incluso han propuesto la realización de una consulta popular a fin de que la población decida sobre la consolidación o no de esa iniciativa.

La invocación a la soberanía popular, y a su capacidad para pronunciarse sobre un tema de tan vastas implicancias sociales y medioambientales, posee un adecuado fundamento legal.

Prueba de ello resulta el artículo 2 de la Constitución provincial, que establece: “El poder emana del pueblo, quien delibera y gobierna por medio de sus representantes y autoridades legalmente constituidas, con excepción de los casos del referéndum, consulta, iniciativa y revocatoria populares”.

La discusión acerca del eventual establecimiento de la planta constituye una buena oportunidad para repensar la calidad de nuestras prácticas institucionales y alentar la participación colectiva en asuntos de naturaleza pública.

De acuerdo a ello, no resulta ingenuo plantear la conveniencia de profundizar vías de democracia deliberativa para abordar un asunto complejo y de marcado interés colectivo.

Al menos, para asegurar que el proceso de toma de decisiones forme parte de un diálogo inclusivo y no quede a merced de élites y grupos privilegiados de expertos.

Según lo destaca el jurista y sociólogo Roberto Gargarella, los sistemas institucionales de democracia deliberativa se apoyan en la convicción de que las decisiones justificadas son las que resultan de los procesos de discusión.

Es decir, las que emanan de procesos en los que intervienen, desde una posición de igualdad, todos los potencialmente afectados.

Audiencias públicas

La propia ley provincial 3.266, relativa a la evaluación de impacto ambiental, establece la obligación de asegurar la participación ciudadana a partir del sistema de audiencias públicas.

Dicho mecanismo ha sido estimulado en los últimos años por nuestra Corte Suprema de Justicia, en miras a lograr que voces habitualmente no escuchadas durante los litigios jurídicos logren ser oídas.

Así sucedió, por ejemplo, con la contaminación del Riachuelo, la sobrepoblación carcelaria, la Ley de Medios y la cuestión tarifaria durante el 2016.

Las audiencias públicas resultan vías aptas para la expresión de voluntades diversas en la discusión de los asuntos públicos. Sin embargo, en ocasiones no logran disimular la discrecionalidad e interés de quienes las ponen en marcha.

Tan es así que son ellos quienes deciden cuándo convocarlas, el momento de su inicio y finalización, así como lo que se tomará o no en cuenta a la hora de elaborar sus conclusiones.

La legislación internacional también se ha hecho eco de la necesidad de escuchar a las partes involucradas en problemáticas sensibles.

En efecto, el Convenio 169 de la OIT obliga a que los grupos indígenas sean consultados cada vez que se esté por adoptar una medida pública que pueda afectar directamente sus intereses.

Para que una consulta de esa naturaleza mantenga su valor, es imprescindible que tome en cuenta aquello que ha sido expresado. Máxime, cuando no se condice con las expectativas ni con los proyectos que tienen en mente las autoridades gubernamentales que han iniciado la consulta.

Lo cierto es que la discusión pública en torno a la instalación o no de esa planta nuclear en el territorio provincial supone una prueba democrática que debemos rendir como colectivo político.

De la amplitud de la convocatoria y del modo en que sustancie esa discusión, pero también de la adecuada recepción gubernamental de lo entonces debatido, dependerá la cuota de confianza pública que logre inspirar la iniciativa.

(*) Abogado. Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

La discusión pública en torno a la instalación o no de esa planta en la provincia supone una prueba democrática que debemos rendir como colectivo político.