¿Una ciudad estresante?

Por Marcos Muñoz (*)

El gobierno municipal de la ciudad de Neuquén, ¿diseña y planifica políticas públicas con enfoque en derechos económicos, sociales y culturales más ambientales? La ciudad más poblada de la Patagonia, ¿es una ciudad estresante? De ser así, ¿a qué se debe?

El avance registrado de innumerables negocios inmobiliarios sobre tierras productivas, la creciente proliferación de edificios en la ciudad de Neuquén y de construcciones no controladas por el municipio de Neuquén, es parte de una política pública estatal que, al menos, lo permitió.

Si algo se observa al transitar las calles de la ciudad más poblada de la provincia, es que el carácter dominante de la capital es la buena relación con los negocios inmobiliarios. Da cuenta de esto, lo costoso del acceso a la tierra y a la vivienda, los servicios públicos colapsados y una ausencia notoria en el crecimiento planificado de una ciudad que invite al buen vivir.

La ciudad de Neuquén, por momento, invalida el pleno disfrute de todas sus otras opciones como el tener una Universidad Nacional, el poder disponer de nuestros ambientes naturales, el recorrer la ciudad en bicicleta y no morir en el intento, el ser padre y/o madre y caminar hasta la plaza sin llegar a destino asustado por la enorme cantidad de obstáculos que debimos sortear.

¿Qué ciudad tenemos? Es importante reflexionar acerca de todo el camino de toma de decisiones y permisos estatales que llevaron a la ciudad de Neuquén a renunciar a 150 hectáreas en un año. ¿Qué tiene de natural este hecho? La población del mundo crece, y el gobierno municipal, el provincial y nacional cooperaron, al menos por omisión, en desentenderse de la producción de alimentos y de fuentes de trabajo. No solamente se dijo no a la industrialización de materias primas frutícolas sino a la producción primaria distintiva de la región del Alto Valle en el mundo. Como puede observar el lector, el ejemplo trasciende a la ciudad de Neuquén. ¿A quién se consultó semejante transformación económica, social, cultural y urbana?

El derecho a la ciudad es el que tienen los ciudadanos a poder desarrollarse en un espacio colectivo e inclusivo que reivindique -a través de las políticas públicas- el respeto integral de todos aquellos derechos que aseguren un mayor estado de bienestar de la persona y de los diversos grupos que encontramos en nuestra comunidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, en su artículo 7°, expresa claramente qué se entiende por la idea del derecho a la ciudad: “El derecho a la ciudad, que asegura que todos los seres humanos y toda la comunidad encuentran en la ciudad las condiciones para su realización política, económica, social, cultural y ecológica”. Todos estos son factores esenciales para llevar a cabo un proyecto de vida autónoma. Es pertinente entonces preguntarnos: ¿trabajan las ciudades del Alto Valle con este enfoque?

Por último, al menos en esta oportunidad, es imprescindible que la ciudadanía tome conciencia de que hay otras formas posibles de ser parte de una ciudad y que se debe buscar incidir en aquella toma de decisiones en materia de políticas públicas que afectarán el desarrollo de nuestra vida cotidiana.

Repensar la ciudad que queremos y cómo queremos conseguirla son desafíos imprescindibles para nuestras democracias municipales, para las organizaciones de la sociedad civil y para los organismos públicos provinciales. El punto de partida debe ser un diagnóstico serio, responsable y sincero según el axioma de moda.

(*) Licenciado. Diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales.