Vaca Muerta: compromisos para revivir inversiones

Mirando al sur

La trascendencia del acuerdo anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri entre el gobierno nacional, el de Neuquén, las empresas y los gremios petroleros que conducen los dirigentes Guillermo Pereyra y Manuel Arévalo reside en que por primera vez se establecerán cláusulas específicas para aumentar la productividad y también reglas escritas de precios y estabilidad tributaria para revivir inversiones que impulsen la explotación no convencional en Vaca Muerta, el segundo reservorio de gas natural y el cuarto de petróleo en el mundo.

Salvando las distancias, el entendimiento constituye un nuevo punto de partida para rescatar un valioso tesoro enterrado en el subsuelo y requiere de cuantiosas inversiones, que podrán recuperarse a largo plazo en la medida en que los costos sean competitivos con los de otros países.

El trabajoso acuerdo presentado oficialmente en la Casa Rosada es el resultado de varios meses de negociaciones, en las que cada una de las partes asumió compromisos explícitos. “Hubo momentos en que parecía que ‘se pudría todo’, pero después volvíamos a sentarnos”, admitió el propio presidente.

Dos son sus principales ejes. Uno, la adenda al convenio colectivo de trabajo firmado en el 2012 por el sindicato de petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa para reducir rigideces y costos laborales en los yacimientos no convencionales (fin de horas “taxi”, trabajo nocturno, más dotaciones de reemplazo con menos operarios cada una, etc.). Otro, el compromiso del gobierno nacional de mantener el Plan Gas por lo menos hasta fin del 2019 y garantizar un precio sostén decreciente para sustituir importaciones con la producción de gas “nuevo”, a cambio de más inversiones y puestos de trabajo. Este valor se aplicaría por proyecto y no por empresas como hasta ahora. Arranca en los actuales 7,5 dólares por millón de BTU para el 2017 e irá descendiendo hasta converger con los precios de importación de GNL (gas natural licuado), que hoy se ubican en torno de u$s 6,5 por MBTU. En los últimos dos años, este plan contribuyó a que la extracción total de gas natural se incrementara en algo más de 7% (y 35% sólo en Neuquén).

A esto se suma el compromiso del gobierno neuquino de no establecer nuevos impuestos para la actividad petrolera, que también incluye al gobierno nacional. Y la construcción en forma conjunta de obras de infraestructura (rutas, ferrocarriles y gasoductos) para bajar los costos logísticos.

Macri destacó que así se creará un “círculo virtuoso” para promover inversiones, que estimó en u$s 5.000 millones para este año y podrían duplicarse en los siguientes. Pereyra, a su vez, calculó que podrían sustituirse importaciones de gas por u$s 8.000 millones. Hace un mes y medio, en un seminario organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el ministro de Energía, Juan José Aranguren, había estimado que a partir del 2018 Vaca Muerta podría generar inversiones por u$s 20.000 millones anuales, más otros 3.000 millones en infraestructura. De ahí que todos los protagonistas del acuerdo hayan pronosticado una “revolución de empleo” en la región.

Como el desarrollo de yacimientos no convencionales requiere de inversiones del orden de u$s 7/8 millones por cada pozo horizontal, que cuadruplican a las de un pozo convencional vertical (u$s 2 millones), la reducción de costos es una cuestión crucial. En el mismo encuentro de AEA, directivos de YPF explicaron que si bien el costo por pozo horizontal logró ser reducido de u$s 17 millones en el 2014 a
u$s 10 millones en el 2016 no se llega a los 3.000 metros como en los Estados Unidos, sino a 1.500, lo cual implica menor productividad. Por su parte, Paolo Rocca (presidente del Grupo Techint) puntualizó que en la Argentina un equipo de producción ocupa a 27 trabajadores, mientras en los EE. UU. se opera con 10 y la productividad se reduce a un tercio. La apuesta oficial es que los actuales pilotos se conviertan en más pozos de producción con menos operarios cada uno, pero con mayor empleo total. También se admitirá que se contrate a más de una empresa de servicios.

La segunda parte del acuerdo se completará hoy con las compañías petroleras y tendrá como efecto más visible el aumento de 8% en los precios de las naftas y gasoil. Como contrapartida, incluirá un compromiso escrito para la reducción gradual del “barril criollo” hasta que converja
–probablemente hacia julio– con la paridad de importación (el crudo cotiza actualmente en torno de u$s 53 en el mercado internacional).

En este esquema de transición, los combustibles líquidos tomarán como referencia los precios en dólares vigentes a fin del 2015 cuando se unificó el mercado cambiario. Tras el ajuste que regiría a partir de mañana, los precios se mantendrán durante tres meses, tras lo cual se evaluará la cotización del dólar y del crudo antes de un posterior reajuste. En el 2016, los precios en pesos registraron un incremento promedio de 31%, inferior a la inflación.

Analizado en su conjunto, el acuerdo reduce los márgenes de discrecionalidad con que se manejó la política de hidrocarburos durante los últimos diez años. En ese lapso, la Argentina pasó desde precios bajísimos de combustibles mientras el crudo batía récords en el mundo (u$s 110 dólares el barril) hasta la situación opuesta a fines del 2014 cuando se derrumbó (a u$s 40) y debió ser apuntalado por un precio sostén más alto mediante un acuerdo tácito con las petroleras. Si bien Macri lo retocó hacia abajo, hasta ahora era de u$s 55 para crudos livianos y de u$s 63 para los pesados, con lo cual los precios domésticos de los combustibles se ubicaron entre los más altos de Latinoamérica. A tal punto que, semanas atrás, el gobierno debió reducir el componente impositivo en Formosa y Misiones, ante las caravanas de automovilistas y transportistas que diariamente cruzaban a Paraguay para abastecerse.

Paralelamente, la reciente eliminación de retenciones a la exportación de crudos pesados, provenientes mayormente de la cuenca del golfo de San Jorge, no tiene un impacto fiscal significativo debido a su bajo volumen. Más que nada, apuntarían a sumar a Chubut a un futuro acuerdo similar.

Por ahora, el acuerdo otorga prioridad a la producción de gas natural (con subsidios a la generación eléctrica) y restablece señales de mercado para el petróleo, ausentes durante años. En cambio, no avanza en la reducción de los impuestos ya existentes para bajar los precios de los combustibles. Sin embargo, para aumentar las inversiones en el sector el desafío será un acuerdo político más amplio, que asegure previsibilidad más allá de Vaca Muerta y de las elecciones legislativas del 2017.

El ministro Aranguren había estimado que a partir del 2018 Vaca Muerta podría generar inversiones por u$s 20.000 millones anuales, más otros 3.000 millones en infraestructura.

Analizado en su conjunto, el acuerdo reduce los márgenes de discrecionalidad con que se manejó la política de hidrocarburos durante los últimos diez años.