Verdad legal y “paramisismo” jurídico

07 dic 2017 - 00:00
Comparte esta noticia

Hecho mano al “paramisismo” (neologismo que difundió Gabriel Rolón) para confesar mi aparente desactualización en el campo del Derecho, lo cual no es de extrañar porque, aunque nunca me consideré dueño de la verdad, demasiadas veces he pensado en disidencia, y ahora que estoy jubilado la cosa debe haber empeorado.

Por ejemplo, leí en “Río Negro” la nota “Cuando la mentira es la verdad”, cuyo autor es encumbrado funcionario judicial, doctor en Derecho y profesor universitario, que cuestiona los dichos de la vicepresidenta de la Nación y de la ministra de Seguridad, avalados por el presidente, que reclamaban “el beneficio de la duda” para las fuerzas de seguridad que realizaban procedimientos policiales. Según el autor, tal presunto “beneficio” se trataría de una nueva posverdad, que pretende reducir la fiscalización del accionar de las agencias estatales.

Estoy de acuerdo, por supuesto, en que tal control debe existir y ser riguroso. También coincido en que hoy pareciera que “los hechos objetivos tienen menos influencia que las emociones y las creencias personales”. Pero “para mí”, negarles presunción de verosimilitud a los funcionarios públicos, que por cierto admite prueba en contrario, implica contravenir claras normas de nuestra organización jurídica. Amén de que ese derecho se le reconoce hasta a los reincidentes, la presunción de legitimidad de las actuaciones administrativas es un principio básico que conserva vigencia.

Los códigos de procedimiento penal contienen disposiciones que reglamentan la actuación de los funcionarios, incluidos los policías, estableciendo qué requisitos deben observar las actas que deben labrar para dar fe de los actos que cumplen. Esas actas son instrumentos públicos, que expresan la versión “oficial” de los funcionarios intervinientes, y como tales, si son válidamente producidos, hacen “plena fe” de la existencia material y del desarrollo de los hechos a los que se refieren, hasta que sean argüidos de falsos. Así lo manda el Código Civil.

También escuché en televisión días pasados que un juez Federal de Comodoro Py, profesor en materia penal, explicaba que archivó la denuncia porque el delito de encubrimiento no se habría podido cometer, toda vez que la ley que aprobó el tratado internacional fue declarada inconstitucional. No opino acá sobre el fondo de ese asunto. Pero “para mí”, si se llegó a sancionar una ley que buscaría la impunidad disimulada, pareciera que habría existido un principio de ejecución que superó la etapa de los actos preparatorios, un presunto intento que se frustró por causas ajenas a los autores. Obviamente, el delito que se habría tratado de encubrir ya estaba cometido... hace demasiados años.

Y “para mí” tal vez tenía razón el profesor Vélez Mariconde, citado por el no menos reconocido jurista y docente Ricardo Nuñez, en su Código Procesal Penal comentado, cuando afirman que esa facultad de archivar sin más “hace referencia clara solamente a la tipicidad, de tal modo que la denuncia no se podrá desestimar cuando ese encuadramiento sea sólo dudoso (no se tienen en cuenta otros elementos del delito) y, menos, naturalmente, cuando se considere que es muy difícil probar el hecho, o que el imputado (si se lo individualiza) no parece culpable”.

Otro mediático profesor universitario en materia penal señalaba no hace mucho en una nota periodística que la asociación ilícita sanciona de modo “previo” el peligro de que se cometan delitos... y que los perjuicios notables de los delitos que cometieran los asociados deberían desplazar el delito de peligro que es la asociación, descartando que se pudiera imputar el mismo a un grupo de funcionarios públicos.

“Para mí”, según aprendí y lo expresé en la nota “La ley al voleo”, la asociación ilícita es una infracción contra la tranquilidad pública puesta en peligro abstracto, y se me ocurre que alarma a unos cuantos administrados que las autoridades se pudieran complotar para sustraer bienes del erario público. El delito se comete por participar de una banda, cuyos integrantes son “socios” para cometer delitos indeterminados... requiere cierta permanencia o aglutinamiento en su convergencia, pero no es necesario acuerdo expreso, ni trato personal o directo, ni reuniones... pueden inclusive no conocerse personalmente.

El delito de asociación ilícita es formal y permanente, y se comete con independencia de la ejecución de uno o más hechos punibles. En el plenario Casanova se dijo que ni siquiera el delito de robo en banda absorbe al de asociación ilícita, con el que concursa en forma real (dos hechos independientes). Por cierto, la negligencia en la preparación y/o ejecución del presupuesto no significa necesariamente un “acuerdo para delinquir”, salvo que se probara el dolo, y “para mí” desde ninguna perspectiva jurídica puede admitirse que los gobernantes sustraigan impunemente el dinero que administran. Claro que gozan también del estado de inocencia mientras una sentencia firme no diga lo contrario, sin perjuicio de las medidas cautelares dictadas por la Justicia entretanto.

La lista de ejemplos sería muy extensa para el espacio de esta columna, y además de que estoy faltando al propósito de retirarme a cuarteles de invierno, “para mí” que, si los profesores dicen otra cosa, debo estar equivocado en estos temas. Sospecho que ya puedo estar ingresando a la senilidad y queriendo batallar contra molinos de viento, aunque tal vez ellos han puesto el carro antes que el caballo, en cuyo caso sería “el derecho al revés”, como titulé otra nota hace tiempo.

NEWSLETTER

Suscribite a “Noticias del día” Recibí todas las mañanas un correo con toda la información.

Últimas noticias de esta sección