Volver al mundo

14 dic 2016 - 00:00
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Mauricio Macri no prometió demasiadas cosas concretas en su campaña, siguiendo una estrategia diseñada por el gurú Jaime Durán Barba quien asegura que las elecciones se ganan “hablando de tus hijos, o de tu familia”. Pero una de esas pocas promesas concretas fue “volver al mundo.” Los detalles de este regreso no eran claros, pero al menos dos directivas de su política de relaciones exteriores estaban patentemente claras al momento de asumir. La primera era que la Argentina se abriría comercialmente a todos los países interesados en intercambiar bienes y servicios con ella, y la segunda es que la política internacional se alinearía incondicionalmente con Estados Unidos y Europa Occidental. Esto significaba, en la práctica, el abandono del acercamiento con Rusia y China que había sido un puntal de la década kirchnerista bajo el argumento del carácter poco democrático de sus gobiernos.

Macri se veía a sí mismo como un nuevo adalid regional en la lucha contra el populismo de izquierda. Aspiraba a ser un líder continental que pudiera cumplir el rol de Hugo Chávez o Lula Da Silva pero con sentido ideológico contrario: no populista sino liberal; no de centro izquierda sino de centro derecha. Apenas asumió, sus gestos fueron en esta dirección. Nombró a una exfuncionaria de la ONU, Susana Malcorra, como canciller. Ella traía como capital social (supuestamente) una abultada agenda de contactos con líderes occidentales y con sus burocracias de relaciones exteriores.

Macri recibió a Barack Obama en Argentina un 23 de marzo, en contra de las críticas de los organismos de derechos humanos argentinos. Criticó públicamente a Venezuela por la existencia de presos políticos y en particular por la prisión de Leopoldo López, lo que le valió una queja pública de la canciller venezolana. Sacó a Argentina del consorcio de TeleSur TV, promovido por Venezuela, y dio de baja o prometió renegociar iniciativas conjuntas con Rusia y China como las represas Néstor Kirchner, Gobernador Cepernic o Chihuidos II, además de buscar eliminar el canal Russia Today de la grilla de televisión satelital gratuita.

Sin embargo, el esperado “retorno al mundo” se encontró con un obstáculo creado por aliados del propio gobierno. En enero de 2015, un aliado estratégico del presidente, el gobernador radical de Jujuy Gerardo Morales, decidió alentar el arresto de la dirigente social y política Milagro Sala. Menos de dos meses luego de la asunción del nuevo gobierno y con fundamentos jurídicos endebles, la Justicia jujeña envió a prisión a Sala por “tumulto e incitación al delito”. Estos cargos fueron luego reemplazados por otros relacionados con mal uso de fondos públicos. En los meses que siguieron, organismos como el CELS y la filial argentina de Amnesty International catalogaron una serie de irregularidades y arbitrariedades en el procesamiento. Sin embargo, Milagro Sala continúa detenida con prisión preventiva a un año de su arresto y el propio presidente defendió públicamente su prisión.

En los últimos dos meses el caso Sala traspasó las fronteras argentinas. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (o sea, todos los organismos hemisféricos de protección de derechos humanos) se expresaron a favor de su liberación de la prisión preventiva y de que esperara su juicio en libertad y con mayores garantías.

Lo primero que llama la atención del caso es lo desvalido que se vio el gobierno frente a reclamos de estos organismos que imaginaba aliados. La canciller Malcorra pareció tan sorprendida como cualquier particular por la reacción de la ONU. Segundo, también resulta llamativa la voluntad oficial (encabezada por el propio presidente) de chocar con actores, como Luis Almagro, el secretario general de la OEA, con quienes esperaba tener una excelente relación. Es llamativa la cerrazón del gobierno a aceptar los dictámenes de organismos como la CIDH y la OEA cuando el gobierno argentino se basa en sus pronunciamientos para censurar al gobierno venezolano. Nadie explica en el gobierno por qué la OEA sería una vez autorizada respecto a Venezuela o Cuba y totalmente equivocada con respecto a Jujuy. Las ventajas de persistir en este enfrentamiento no son evidentes, mientras que los costos en términos de imagen internacional son obvios.

Todo lo cual deja a Argentina en una situación paradójica. Para volver a un mundo orientado hacia los Estados Unidos enfrió sus lazos con China, Rusia y los países sudamericanos con gobiernos de centroizquierda, sólo para autoinfligirse una crisis que lo pone en tensión con organismos, como la OEA, que son centrales en ese mismo mundo. Lo que iba a ser un regreso triunfal podría culminar, por el contrario, en un aislamiento aún mayor.

Lo primero que llama la atención del caso es lo desvalido que se vio el gobierno frente a los reclamos de estos organismos que imaginaba como aliados.
Es llamativa la cerrazón del gobierno a aceptar los dictámenes de organismos como la CIDH y la OEA cuando se basa en sus pronunciamientos para censurar a Venezuela.
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