El plan universal de salud es todavía una incógnita

El Plan Universal de Salud lanzado el 2 de agosto por el presidente Mauricio Macri generó expectativas y también numerosos interrogantes, como la posibilidad de modificar el sistema actual por uno basado en seguros, o la forma en que las provincias se incorporan a estas modificaciones.

El anuncio realizado en la Casa Rosada se compone esencialmente de cuatro puntos: la implementación de una Cobertura Universal de Salud, la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, mejoras en el sistema de cobro a las obras sociales por parte de los hospitales públicos y la devolución del fondo adeudado a las obras sociales.

“Actualmente, tenemos un sistema de salud fracturado e inequitativo, en el que casi no hay integración entre el sistema público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga”, sostuvo el Presidente. “Y esto no es por falta de dinero: los argentinos destinamos un presupuesto muy importante a la salud, pero hasta ahora se gastó mal, sin priorizar a los que más lo necesitan y sin premiar a los que trabajan mejor”, fue el diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema de salud argentino.

En la Argentina existe un modelo de salud mixto, en el que conviven sistemas de obras sociales y prepagas, con la provisión de asistencia privada y pública.

En el caso de la pública, puede acceder cualquier persona sin tener que pagar por ninguno de los tratamientos, y en caso de tener cobertura, el dinero luego será devuelvo al sistema público. La gestión de la salud pública está bajo la órbita de las provincias, y a su vez existen diversos planes nacionales que pretenden reforzar las áreas con falencias.

Si bien el sistema de salud argentino presenta características e índices que la posicionan en un lugar privilegiado en la región, los usuarios plantean problemáticas urgentes, como las largas esperas para turnos y guardias en los hospitales públicos, o la falta de implementos, y en algunos casos de recursos humanos capacitados para dar respuesta a las necesidades de la población.

Por ahora los anuncios del presidente Macri no parecen dar una respuesta integral a los problemas más inmediatos del sistema público de salud.

Sospechas

Para miembros de la fundación Salud Soberana, parte de los cambios propuestos tienen por objetivo comenzar una transformación hacia un sistema de seguros, como el que existe en Estados Unidos o Colombia. Es decir, que solo podría acceder a tratamientos y atención médica aquellas personas “aseguradas” ya sea por obra social, prepaga, o seguros financiados por el Estado.

Uno de los puntos del nuevo plan es la creación de una Cobertura Universal, que significa que los pacientes del sistema público tendrán una credencial, una ficha médica, su historia clínica y podrán acceder a descuentos en medicamentos.

Como actualmente ya existe una ficha médica, los elementos más llamativos resultan la credencial, ya que en el sistema público actual no es necesario ningún elemento para ser atendido, y muchos remedios son entregados de forma gratuita en forma directa a quien lo necesita.

Estos puntos no son aclarados en ningún documento oficial. Pero en el proyecto de ley presentado por el oficialismo donde se crea una Agencia Nacional de Evaluación Tecnológica, aparece un indicio que parece adelantar las modificaciones que implicaría la Cobertura Universal, y es la introducción de la noción de “canasta básica de prestaciones para el servicio público”.

El sistema público hoy no tiene limitación de prestaciones, ya que debería ofrecer todos los tratamientos que el paciente necesite, aunque en los hechos no pueda hacerlo. En esas situaciones, las instituciones privadas se hacen cargo de las prestaciones y reciben luego dinero del Estado, no del usuario.

Otro aspecto importante de la reforma es el que concierne a las obras sociales. Según lo anunciado por el presidente, habrá una agilización del cobro de los tratamientos brindados por el servicio público a personas con cobertura, ya que los reintegros siempre se demoran o no se realizan. Con el nuevo sistema, el cobro no debería tardar más de 30 días, lo que implica más recursos para el sistema público.

Pero el anuncio de mayor relevancia política fue la devolución del dinero que el Estado le debe a los gremios desde hace años y que se constituyó como un reclamo central de buena parte de los dirigentes sindicales. Ese monto, que representa el excedente del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), asciende a $30.000 millones, sin embargo no será devuelto de forma inmediata. La mitad se reconvertirá en bonos del Banco Nación a la orden de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Los intereses de esos bonos volverá, por primera vez dentro de diez años, a los gremios. De los 15.000 millones restantes, 8.000 serán direccionados a un fideicomiso destinado a inversiones en el sector público , otros 4.500 millones serán destinados a un fondo de contingencia (como epidemias) y, finalmente, 2.700 serán devueltos directamente a las obras sociales.

Todos esto en un contexto político en el que el gobierno intenta construir una relación con las centrales sindicales, en una coyuntura social compleja y con amagos de medidas gremiales en medio del proceso de reunificación del CGT.

El dato