La narcopolicía cordobesa

Adolfo Ruiz (*)

Especial para “Río Negro”

Era un agente encubierto. Era un topo. Era un buchón. ¿Qué era Juan Francisco Viarnes, el hombre que hizo temblar la estructura policial y política de Córdoba?

La oscura trama que envuelve a las fuerzas de seguridad de esta provincia y hasta salpica al propio gobernador De la Sota comenzó a conocerse el 4 de este mes con la emisión del programa de investigación periodística local “ADN”, que se emite por Canal 10, la señal de la Universidad Nacional de Córdoba.

En esa entrega pudieron verse cámaras ocultas a un conocido narcotraficante cordobés que reseñaba cómo negociaba con la policía para poder “trabajar” pero también relataba la manera en que los efectivos de la fuerza cordobesa utilizaban parte de la droga incautada, ya sea para reciclarla hacia el mercado y obtener sus dividendos o para “plantarla” en procedimientos truchos para así generar causas armadas.

Pero el grueso de la revelación vino de la mano de otras dos cámaras ocultas que Juan Francisco Viarnes les hizo a sus excómplices de la brigada de Drogas Peligrosas, en las que se demostraba un trato amable y familiar entre las partes y también la voluntad explicitada por los uniformados de mantener un conveniente silencio ante lo que estaba por venir.

Juan Viarnes, un pluridelincuente porteño conocido como “el Francés”, estuvo preso en Córdoba hasta el 2010, cuando recuperó su libertad y se quedó en la provincia. Al poco tiempo fue “reclutado” por la división Drogas Peligrosas de la provincia para encargarse de los trabajos “sucios”. Él sostiene que tal incorporación fue “bajo una relación de sometimiento” de la cual no podía salir. Asegura que lo amenazaban con datos de su prontuario. Si es verdad o no da lo mismo. Pero está claro que su aporte a la brigada no era para la investigación o resolución de causas, sino más bien todo lo contrario.

Viarnes es un hombre de 56 años, rubio, alto, bien puesto y educado, con facilidad de palabra y poder de convencimiento y negociación. Pronto la banda comenzó a asignarle tareas como el negociado de peajes con narcotraficantes, el cobro de coimas para archivar causas, estafas en la compra de vehículos con dinero falso e incluso apoyo logístico en golpes orquestados por los narcopolicías y ejecutados por bandas de asaltantes.

Caído en desgracia

El vínculo de más de tres años comenzó a romperse el 18 de julio, cuando “el Francés” cayó preso luego de ser señalado por una de las víctimas de estos procedimientos. Alguien lo mencionó a en una denuncia y ese mismo día era allanada su coqueta vivienda de un barrio acomodado de Córdoba. Se encontraron 350.000 dólares falsos.

Al Viarnes le habían soltado la mano. Caído en desgracia, ya nadie se acordó. Y entonces él decidió hablar. Casi en el acto se ofreció a colaborar con la investigación que llevaba a cabo el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba y comenzó a contar los detalles de esta trama. A los 20 días recuperó la libertad y se puso en contacto con el periodista que escribe esta nota.

¿Por qué se decidió a denunciar? Simple. Porque no le quedaba otra. Herido como estaba, investigado por la Justicia, con un prontuario que no jugaba a su favor, ahora a la vista de sus excómplices o sometedores era una persona que sabía demasiado. Se dio cuenta “el Francés” de que, si no blanqueaba, corría serio peligro de ser asesinado.

“Está todo filmado. Entrega de droga en procedimientos, allanamientos truchos, gente que embagayan para después apretarla, cobro a narcotraficantes para dejarlos vender tranquilos. Todo”. Tal fue la frase que escuchamos de su boca en el living de su hogar cuando empezó a contar detalles.

Para poner a la luz estos episodios decidimos “asociarnos” en la tarea con los colegas de “ADN”, el programa de investigación más incisivo de Córdoba, que se emite los miércoles por Canal 10 –la señal de la Universidad Nacional de Córdoba– y es conducido por el periodista Tomás Méndez.

Apelando a la tecnología de cámaras ocultas y una cuidada producción, el ciclo puso al aire un informe sin fisuras que planteó el escenario del escándalo. Fue ese 4 de septiembre que pareció cambiar la historia de la corrupción cordobesa.

Al día siguiente los policías aludidos pedían licencia. Sólo 24 horas más tarde, Juan Alós (32) –uno de los oficiales de Drogas Peligrosas mencionados en el informe– aparecía muerto de un tiro en su propio vehículo, en lo que se presentó como un suicidio.

Alentados o exigidos por el entonces jefe de Policía, Ramón Frías, una multitud de uniformados participó del velorio del oficial, que se llevó a cabo en la ciudad de Alta Gracia. “Este hombre fue víctima de las injurias”, disparó fríamente el jefe policial durante las exequias, mientras el gobierno de De la Sota comenzaba a montar la versión de una supuesta “operación política desestabilizante” lanzada desde Balcarce 50.

Cambio de incendios

Las voraces llamas que se abatieron sobre las serranías cordobesas durante los primeros días de aquella semana actuaron como formidable pantalla, aunque con el costo de 50.000 hectáreas de bosques quemados, severos daños materiales y un peor desastre ambiental.

Pero el peor incendio estaba por venir exactamente a una semana de conocido el informe, cuando el fiscal federal Enrique Senestrari, al frente de la investigación, obtuvo la autorización del juez Ricardo Bustos Fierro para ordenar una serie de allanamientos, entre ellos de la Central de Policía de Córdoba, y disponer la detención de cinco integrantes de Drogas Peligrosas, incluido su director, el comisario Rafael Sosa.

El escándalo transmutó a la escena política luego de que el bloque delasotista de la Legislatura provincial recibiera órdenes de Casa de Gobierno para abroquelarse y aprobar in extremis una declaración de repudio a la actuación del fiscal Senestrari. “Es una burda operación del gobierno nacional”, despotricó para la televisión Sergio Busso, titular de la bancada oficialista, en una conferencia de prensa que dio el bloque al terminar la sesión. En vano los opositores pedían la interpelación del ministro de Seguridad Alejo Paredes (jefe de Policía hasta hace dos años).

Minutos más tarde, como si todo hubiera estado guionado, salió al aire una nueva edición del ciclo “ADN” en la que se difundieron datos y testimonios de víctimas de la banda de narcopolicías y se revelaron más detalles precisos del accionar delictivo. Demoledor.

Drogas en la Central

Pero el escándalo no había llegado a su cénit. Fue al día siguiente, el jueves 12 de septiembre, cuando el fiscal Senestrari dio detalles de los resultados de los allanamientos.

“Se encontraron estupefacientes en la Jefatura de la Policía y en el baúl de uno de los móviles policiales. La droga estaba en condiciones absolutamente ilegales. También se encontraron armas con numeración limada. Esto demuestra que puede ser cierto que podría ser utilizada para cargar a personas a las que querían incriminar”, dijo Senestrari, quien ese mismo día dispuso la imputación de otros tres policías, entre ellos el anterior jefe de Drogas, el comisario Mario Nieto.

En un desesperado intento por seguir tapando el narcoescándalo, el jefe de Gabinete, Oscar González, se despachó sobre el hallazgo afirmando que “no era droga no declarada; era droga para entrenar a los perros”. Ya no había espacio para el asombro.

La estrategia negacionista terminó en esa insólita evasiva. Al día siguiente el jefe policial Frías presentó su dimisión. Lo mismo hizo el ministro de Seguridad Paredes. De la Sota entregaba dos alfiles y cambiaba de estrategia para intentar encauzar el terremoto.

Entre medio, toda la oposición trazando paralelismos con la narcopolicía de Santa Fe y buena parte de la sociedad reclamando transparencia en un tema tan sensible como el combate contra las drogas.

(*) Periodista en Córdoba. adolruiz@gmail.com

El licenciado jefe de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, Rafael Sosa, sería una pieza clave en el caso que conmueve a los cordobeses.

Narcotráfico en la Argentina

(Continúa en la página 28)

(Viene de la página 27)