Río Negro: nueva provincia, cristalización de instituciones

En el entramado de una institucionalidad liberal en tensión durante varias décadas en el siglo XX, el primer peronismo implicó –entre otros cambios en la sociedad argentina– la ampliación de los derechos civiles, políticos y sociales con la sanción y aplicación de nuevas leyes laborales para los trabajadores argentinos, la inclusión de las mujeres a la ciudadanía política y la incorporación de nuevas provincias al escenario federal del país. Esta realidad cristaliza un proceso paulatino y gradual de conformación de una comunidad política ampliada, pasando de catorce a veintitrés provincias en el paisaje político-administrativo de la nación, entre los territorios Nacionales se encontraban los espacios patagónicos (1884).

Cuestiones claves modificaron la ‘vida política’ e institucional de los espacios del sur argentino, por un lado, con la Comisión de Territorios Nacionales que a través de la delegada Elena Fernícola presentó ante la Cámara el proyecto de creación de nuevas provincias de los territorios nacionales –exceptuando a Tierra del Fuego (1990)- que se convirtió en ley N° 14315, en 1955.

Por otro lado, en 1958, con la ‘Revolución Liberadora’ mediante, los ciudadanos formaron parte del ejercicio del sistema político nacional y esta situación jurídico-política marcó una ‘época bisagra’ para la Patagonia: la salida de la situación de ‘subalternidad’ en el concierto federal como una condición derivada, no original de su población. Por ello la etapa transicional nos desafía a pensar tanto en la dimensión política como las socio-económicas regionales.

En este sentido, consideramos que el proceso de provincialización sólo concluyó cuando fue asegurada la supervivencia del nuevo estatus– redacción y aprobación de la constitución (1957)- y se crearon las condiciones político-legales que permitieron e impulsaron un desarrollo territorial formal e informal por medio del juego de las fuerzas privadas de la economía y la sociedad; como asimismo los bienes simbólicos como la bandera. Durante este proceso histórico de casi dos décadas se tendieron las bases materiales e ideológicas del nuevo Estado, proceso continuo que articula a la economía, la sociedad y la política, conllevó a la renovación de viejas tensiones y conflictos con organismo nacionales, tanto en el traspaso de jurisdicciones como en la fijación de las atribuciones, misiones y funciones de los nuevos organismos.

Como en Revolución y Guerra (Halperin Donghi) el momento inicial del proceso de creación institucional del cuerpo mismo del territorio y los debates por la sede de las instituciones provinciales se puede leer e interpretar en clave de historia atormentada, comenzando por el proyecto de ascenso del Río Negro litoral tendiente al corrimiento del eje histórico alto valletano, aunque debemos recordar que en este eje, ninguna de sus localidades logró constituirse en hegemónica, terminado por la cuestión de la capital.

Además, el nuevo sistema institucional no logró crear una solidaridad política con suficiente fuerza para afirmar su superioridad sobre las contiendas localistas y las alianzas extraterritoriales (Cipolletti-Neuquén). De esta manera, las redes sociales tejidas por coincidencia de intereses y afinidades privadas tuvieron como consecuencia política la escasa consolidación de un sistema de equilibrio entre los poderes locales con la escala provincial. La discusión por el asiento de la capital desnudó antiguas tensiones y reflejó el surgimiento de nuevos conflictos. En este marco de situación, la solución vendrá desde arriba, en 1973 por ley de la Legislatura se sancionó a Viedma capital provincial.

Los viejos y nuevos titulares del poder local se esforzaban por afirmar su predominio en su área de influencia y buscaban fuera de ella apoyos tan sólidos y vastos como podían. Por eso, un orden político estable no puede apoyarse sólo en solidaridades político-partidarias, sino reduciendo al mínimo la posibilidad de conflictos de lealtades. De este modo, la lealtad política se produjo no sin reticencias, pues ningún poder central podía contar con la amistad de los poderes locales y debía intentar socavar la cohesión interior de todos ellos; el debate de la cuestión de la capital es una clara expresión de ello.

La creación del nuevo marco institucional y el orden político prepararon las bases materiales para alcanzar la agregación de intereses generales, sin superar la escasa integración territorial. La aritmética del esquema político y los intereses locales/zonales por disputas de espacios de poder, inviabilizan las soluciones de consenso. Paradójicamente, la política descentralizada impidió sobreponerse a los conflictos intraterritoriales que frenan la ejecución de obras públicas que contribuirían a la mayor integración territorial, deuda no saldada con la población hasta el presente, en particular de la línea sur, sesenta años después de la creación la provincia.

(*) investigadora Proyecto: sobre Historia Política, Río Negro, CEHEPyC/CLACSO/UNCo

“Consideramos que el proceso de provincialización concluyó cuando fue asegurada la aprobación de la constitución (1957)”.

Graciela Iuorno, investigadora.

Un proceso

Accidentado

El 15 de junio de 1955: el Senado sanciona la ley de provincialización de Río Negro, hasta entonces territorio nacional, junto a Neuquén, Chubut, Formosa y Santa Cruz.

El 16 de junio de 1955: Se produce el bombardeo a Plaza de Mayo por militares sublevados

El 28 de junio de 1955, el presidente Juan Perón promulga la ley.

El 16 de septiembre de 1955 : Tras el golpe de Estado contra Perón, el coronel Gualberto Wheeeler, asumió como interventor de Río Negro.

En 1957 se facultó a los comisionados federales a llamar a elecciones de convencionales para dictar las constituciones de las nuevas provincias.