Se derrumbó el mito de que “acá no fue tan duro”

Los juicios por delitos de lesa humanidad pusieron la región de cara a la trama local del terrorismo de Estado, que tuvo una profundidad y un alcance que muchos negaban. La mecánica inoculó miedo y silencio en una sociedad que terminó patrullándose a sí misma, el objetivo de la dictadura

17 mar 2016 - 00:00
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“...Me hacían escuchar los gritos de alguien y me decían: ‘¿Ves?, esa es tu amiga, hablá que tu amiga ya está muerta’...”. Quien lo cuenta fue secuestrada y torturada en el centro clandestino La Escuelita, ubicado a metros del Batallón de Ingenieros en Construcciones 181, en tierras aledañas a la costa del río Limay en la provincia de Neuquén. El testimonio fue escuchado en agosto del 2008, en el primer juicio oral y público seguido contra ocho imputados por crímenes de lesa humanidad. Las más de 600 páginas que conforman la sentencia dan cuenta del modus operandi de la dictadura de 1976 en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Estos hechos fueron uno a uno descriptos y probados a lo largo de un juicio que duró más de cien días y que tuvo por resultado la condena de entre 20 y 25 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer su oficio-profesión, más costas para cada uno de los imputados.

Vista en perspectiva histórica, la sentencia vino a confirmar la experiencia del terrorismo estatal en la escena local. Experiencia que para muchos no había tenido la profundidad ni el alcance del plan desplegado en el resto del país. De allí que la percepción que se tenía al escuchar “acá no fue tan duro” era que la región no había sufrido los niveles de criminalidad registrados en centros urbanos de mayor movilización política.

Sin embargo, la investigación demostró no sólo la existencia de La Escuelita sino también posibilitó la indagatoria sobre la utilización de las comisarías de Cutral Co, Cipolletti y la sede de la Policía Federal de Neuquén como lugares de detención ilegal y ejecución de prácticas aberrantes como la tortura.

Los más de 200 testigos que aportaron en la causa revelaron lo distante que se estaba de una lectura tan benigna sobre lo ocurrido en estas provincias. ¿Cómo se llegó entonces a una apreciación semejante?

Lo cierto es que en una coyuntura donde el Estado de derecho fue invalidado y el principio de sujeción a la ley fue reemplazado por la autorización policial para matar en lugar de capturar a las personas vivas, pensarse alejado de las ciudades más expuestas a la violencia estatal se convirtió en una ventaja y hasta en una necesidad. La barbarie ocurría a otros y lejos de aquí.

Pero tal vez la razón más profunda deba buscarse en la propia eficacia de la dictadura en lograr que la sociedad se patrullara a sí misma, inoculando el miedo y el silencio. El Estado se desdobló: por un lado montaba centros clandestinos y negaba la existencia de desaparecidos, y por el otro se “dejaba ver” con secuestros en la vía pública.

El señalamiento como “subversivo”, la confección de “listas negras” con el fin de ejecutar despidos masivos de trabajadores, la presunción de un destino fatal para los secuestrados funcionaron como advertencia.

A esto se sumó la instigación a delatar y a vigilar que el mismo poder alentaba. “Combatan la delincuencia subversiva... no permanezcan indiferentes en esta lucha. ¿De qué manera? Informando o denunciando a aquellos que con sus ideas de izquierda o del comunismo internacional tratan de penetrar en su hogar...” eran las palabras del encargado militar dirigidas a los habitantes de San Martín de los Andes.

El contacto inicial con el horror hizo que buena parte de la sociedad necesitara desmentir su propia convivencia con lo cruel: “...me quitan la venda, me conducen hasta el portón, me tomo un colectivo y nadie se quiso sentar al lado mío... Cuando llegué a mi casa me di cuenta: estaba tan lastimado y con costras de sangre que nadie se me acercaba...”, declaraba una de las víctimas de La Escuelita.

La comunidad acusó el golpe, protegiéndose con el descompromiso y haciéndose hizo eco de mensajes repetitivos, tautológicos y distorsionados que provenían del poder dictatorial y se difundían a través de los medios de comunicación.

Si la sociedad se patrulló así misma, en referencia al impacto del terror en la vida cotidiana, también es cierto que un sector de la misma colaboró con el plan represivo por dinero o por convicciones con la dictadura.

Al menos 4.867 civiles están acreditados como personal de inteligencia que revistió en el período 1976-1983 en todo el territorio argentino. De ese total, casi cien ejercían la función de informantes en la ciudad de Neuquén.

El juicio del 2008 resignificó la lectura del pasado dictatorial en la región. Fue la confirmación de un crimen impune que una sentencia liberadora vino a celebrar.

A 40 años del golpe, el imperativo político que nos urge es evitar que las condiciones que hicieron posible la instalación del terrorismo de Estado vuelvan a repetirse. Por eso en cada 24 de marzo no recordamos sólo las violaciones a los derechos humanos, en cada 24 de marzo rechazamos con toda nuestra fuerza el uso del terror como fundamento de la política y de la concentración económica.

1976: 24 de marzo

Golpe de Estado al gobierno de Isabel Perón. Disuelven el Congreso y echan a jueces de la Corte

29 de marzo

Asume Videla al frente de la Junta con Massera y Agosti. Se prohíbe la actividad política

2 de abril

José Martínez de Hoz es ministro de Economía. Lanza un plan de apertura y liberalización

4 de agosto

En falso accidente es aseinado monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja

16 de septiembre

En la Noche de los Lápices, siete estudiantes son secuestrados en el Pozo de Banfield

1977: 30 de abril

Primera marcha de Madres de Plaza de Mayo. Después es secuestrada Azucena Villaflor

1978: junio

Argentina organiza el Mundial de Fútbol publicitado por la dictadura y sale campeón

20 de diciembre

Martínez de Hoz presenta programa de “profundización y ajuste” del plan económico

1979: enero

Sobrevaluación del peso. Tiempo de la “plata dulce” y viajes a Miami de clases media y alta

8 de enero

El caso del Beagle es sometido a mediación papal tras un año de tensión con Chile

6 de septiembre

La CIHD visita el país y recibe testimonios de familiares de desaparecidos

1980

Crisis del sistema financiero. Quiebra masiva de bancos. Cierran industrias y crece el desempleo

1981: 20 de marzo

El general Viola asume la presidencia en reemplazo de Videla

22 de diciembre

El general Leopoldo Galtieri desplaza a Viola y asume la presidencia

1982: abril-junio

Guerra de Malvinas. Tras la derrota, Galtieri es reemplazado por Bignone

1983: febrero

Bignone fija elecciones

para el 30/10. El 22/9 dicta una amnistía a los militares

10 de diciembre

Tras ganar los comicios, Raúl Alfonsín asume la presidencia

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