¿Y por casa como andamos? Desigualdad en la Patagonia norte

En la Legislatura de Río Negro de 45 legisladores, 20 son mujeres, porque la legislación provincial establece que las listas de candidatos a legisladores deben respetar la participación equivalente de género. Sin embargo, es necesario echar luz sobre el nivel de incidencia. Si bien cuantitativamente la participación es (casi) igualitaria, cualitativamente aún resta mucho por recorrer. Por ejemplo, las autoridades de las comisiones y bloques legislativos siguen estando presididos predominantemente por varones.

Los cargos en el poder Ejecutivo provincial y los municipios lejos están de ser escenarios de igualdad. Actualmente, el gobernador y el vice son varones y nunca una mujer ha ocupado esos cargos. El gabinete provincial sólo tiene dos ministras, en Educación y Turismo. De los 39 municipios solo 4 están gobernados por mujeres; de las 34 Comisiones de Fomento 28 están a cargo de varones y 6 de mujeres. En el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro está compuesto por dos mujeres y tres varones, presidido por una mujer.

En Neuquén, se da un escenario aún más desigual. En la Legislatura, se aplica y cumple la ley del cupo femenino del 30%, y actualmente 12 de 37 legisladores son mujeres. En el Poder Ejecutivo, hasta el momento siempre el gobernador ha sido un hombre y sólo en dos gobiernos una mujer fue vice. De los 8 ministerios del gabinete provincial solo uno –Educación–, está a cargo de una mujer. De los 36 municipios, sólo en 6 hay intendentas; y de las 22 Comisiones de Fomento, en 4 la presidencia es ejercida por una mujer. El Tribunal Superior de Justicia neuquino está compuesto por cinco integrantes de los cuales solo una es mujer, y está presidido por un varón.

Garantizar la igualdad de género en la efectiva participación política –no sólo en las legislaturas– es necesario porque, en primer lugar, las mujeres somos más del 50% de la población y, consecuentemente, tenemos derecho a igual participación y representación de nuestras demandas e intereses. Es decir, es un derecho y no una concesión.

En segundo lugar, porque la incorporación de la voz y el voto de las mujeres en las instituciones legislativas ha permitido que se aborden desde el Estado problemáticas históricamente invisibilizadas o subestimadas que atentaban contra el pleno ejercicio de los derechos de la mujer.

En tercer lugar, porque la igualdad en la participación política es especialmente relevante en la actual de crisis financiera global, ya que las medidas de austeridad que los gobiernos suelen implementar afectan profunda y desproporcionadamente a los grupos más vulnerables de la sociedad, entre ellos las mujeres, exacerbando desigualdades sociales y de género preexistentes.

Las mujeres estamos sobrerrepresentadas entre la población pobre, en la informalidad laboral y en el desempleo y subrepresentadas en los ámbitos de decisión; además nos encontramos doblemente ocupadas al ser las principales responsables del cuidado de la familia y el trabajo doméstico. Los estereotipos tradicionales, que aún persisten en nuestra sociedad, afectan la independencia y autonomía de las mujeres.

La ausencia o baja presencia de mujeres en los espacios de poder a todo nivel es reflejo no de la falta de mérito, ni de idoneidad o de interés hacia los asuntos públicos. Es consecuencia de una historia de desigualdades que obstaculiza el pleno desarrollo profesional, político, sindical y/o laboral de la mujer. Por eso, es necesario combatir esta desigualdad desde todos los ámbitos, implementando las medidas necesarias, como la paridad en las listas legislativas, para que desde el Estado se garantice la democratización de las relaciones de género y no se reproduzcan las lógicas de exclusión.

La igualdad de la mujer en la participación política es especialmente relevante en el contexto actual de crisis financiera global.