VIEDMA (AV)- El listado de beneficiarios del decreto 7 se viene reduciendo tras una década de vigencia, sobre casi 1.200 agentes públicos que se acogieron al régimen en 1997.

En la actualidad, hay un total de 86 empadronados menos (un 7%), siendo la mayoría por fallecimiento. Según el registro del Consejo Provincial de la Función Pública, entre estos últimos, 45 generaron derecho al pago de pensiones.

En tanto, unos 29 solicitaron suspender la liquidación de haberes como consecuencia de haber vuelto a la actividad, sobre todo en cargos electivos municipales.

La Unidad de Control Previsional (UCP) debió emitir una resolución interna para suspender el cobro en cuatro casos, pero para ello tardó siete años. La resolución 334 del 2004 había otorgado plazo para que puedan cumplir los requisitos mínimos, es decir 20 años con reconocimientos de servicios, sin embargo estos no aparecieron porque algunos empleadores no pudieron constatar las prestaciones.

Respecto de la devolución de haberes, el titular de Función Pública, Carlos Oliva, señaló que se trasladaron los expedientes a la Fiscalía de Estado con el propósito de conseguir un resarcimiento de los pagos efectuados a esos agentes a los que no se los pudo mantener el beneficio de carácter previsional. Oliva mencionó que se hace un "chequeo" mensual mediante un sistema informático apropiado para seguir presuntas incompatibilidades.

En la disminución del padrón, 3 renunciaron para acogerse a las jubilaciones ordinarias y otros 5 ya no figuran por tratarse de pensiones, cuyos beneficiarios pasaron a la mayoría de edad.

Los representantes de unos 400 retirados docentes mediante el decreto Nº 7 se encuentran en una permanente disputa con el gobierno en virtud de que no se les reconocería los servicios especiales, manteniéndose los de carácter común. La preocupación está centrada en el inminente traspaso a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de todo el sector.