La razón que menos se esperaba terminó beneficiando a Graciano Bracalente en la puja judicial por la intendencia de Allen.
El Superior Tribunal de Justicia cerró las puertas al Frente para la Victoria sin escribir una sola línea sobre el debate por la suma de votos de distintos partidos en favor de un candidato. Simplemente se limitó a exponer que los apoderados legales de la alianza opositora presentaron el recurso de casación seis días más tarde de lo permitido y por lo tanto perdieron toda chance de obtener un fallo para favorecer a la ex candidata a intendente, Sabina Costa.
La resolución fue firmada ayer por los jueces Víctor Sodero Nievas, Alberto Balladini y Luis Lutz, constituyendo el tercer intento fallido de la oposición por revertir el resultado de las elecciones municipales del 2 de setiembre. Encabezando las boletas de la Concertación, el ARI y el PPR, ese día Bracalente fue el candidato que más votos consiguió. Sin embargo, el FpV terminó
como el partido más apoyado y desde entonces se exige que Costa sea proclamada como nueva intendenta.
Formalmente, el escrito del STJ declaró "mal concedido" el recurso de casación interpuesto por los patrocinantes de Costa. Esa admisión previa la hizo el Tribunal Electoral Provincial (TEP), que ratificó el triunfo de Bracalente pero permitió que su fallo sea revisado.
¿En qué se equivocaron los abogados?
Según el máximo tribunal,
la sentencia del TEP fue notificada el 1 de octubre a los representantes del FpV, por lo tanto el plazo para presentar un recurso de casación venció el 11 de octubre (más precisamente en las dos primeras horas del 12). Sin embargo, la
presentación se hizo recién el 17 de octubre a las 12.15.
Si bien el patrocinio de Costa fue asumido por el roquense Rodolfo Ponce de León, el abogado que firmó el recurso de casación fue Germán Jalabert, ex secretario de Turismo de la provincia y ahora apoderado del FpV.
Al margen del criterio del STJ, la Procuradora General, Liliana Piccinini, emitió un dictamen sobre el caso y analizó la cuestión de fondo, que también fue negativa para las expectativas del FpV.
Para la funcionaria, en Allen no hubo ley de lemas encubierta, porque "el elector sabía claramente a quién estaba beneficiando con su voto". Y ratificó su postura advirtiendo que no podría ser de otra manera "salvo que se subestime su discernimiento (del elector), como pareciera hacerlo el recurrente".
En tanto, desacreditó el planteo opositor referido a la inexistencia de un pedido formal previo para sumar los votos de la Concertación, el ARI y el PPR.
"Las reglas no fueron cambiadas -como afirma el apoderado del FpV- sino que estaba manifiesta desde el momento de oficializar las listas la intención de la sumatoria de votos para el cargo de intendente", indicó.
Conocido el fallo del STJ, Costa y la conducción del FpV allense realizaron ayer una conferencia en las puertas del municipio. Allí ratificaron que llevarán el caso ante la Corte Suprema de la Nación.
"El STJ tomó una solución de compromiso para no intervenir en el fondo de la cuestión. Y encima se pone en posición de serrucharnos el piso con el recurso extraordinario para evitar que llegue a la Corte", sostuvo Ponce de León. El abogado explicó que el STJ consideró que el FpV debía presentar una apelación y no un recurso de casación, que tienen fijados distintos plazos para su formalización después de la sentencia (5 y 10 días hábiles respectivamente). "A partir de allí intentan decirnos que esto es una cuestión de prueba que no puede llegar a la Corte, pero para nosotros hay denegación de justicia y sentencia arbitraria. Por eso vamos a insistir", agregó.
(Redacción Central)
