SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Corte de Justicia resolvió que sea el STJ rionegrino quien resuelva la demanda planteada por la empresa Robles Catedral contra la provincia de Río Negro. Asimismo desestimó intervenir en la causa que Robles inició contra Parques Nacionales, por el mismo tema. La empresa Robles tuvo la concesión del área sur del cerro Catedral durante 25 años y a su término demandó a la provincia por 10 millones de pesos, que pretende por los medios de elevación que la provincia confiscó.

El ministro de Turismo, Omar Contreras, dijo que se pagará lo que determine la justicia, pero recordó que la empresa Robles debe impuestos, cánones y que el valor de los medios está sobrevaluado. Dijo que además del presente juicio, Robles reclama un daño y perjuicio de 550.000 pesos por una porción de terreno donde se levantó una torre de la aerosilla Séxtuple (Expte 393/03/J1, sin sentencia).

Recordó que la provincia ya tiene sentencia firme por el reclamo de impuestos impagos (DGR) por 422.000 pesos y otro juicio favorable por deudas de cánones impagos, por 3 millones. Dijo que "la comisión tasadora fijó un valor muy inferior al reclamado".

El caso llegó a la Corte debido a que la empresa conce

sionaria inició una demanda conjunta a la provincia y la Administración de Parques Nacionales, por la aparente responsabilidad del organismo nacional que en 1985 donó Catedral a Río Negro. En su fallo, la Corte entendió que Parques dejó de ser responsable jurídico del cerro, luego de la donación de las tierras a través de la Ley 23.251, por lo que la demanda no tiene contenido federal, aunque adelantó que a su entender, la provincia ejerció sus derechos correspondientes y descartó que se trate de una causa civil.

Según los magistrados, la provincia ejerció "los derechos correspondientes a la autoridad concedente, tales como: la decisión de no prorrogar los plazos de la concesión y hacer uso de la opción de compra prevista en el art. 33 del contrato".

El contrato de Robles caducó el 4 de mayo de 2003. La provincia no otorgó una renovación del convenio y ante la permanencia de la empresa en la ladera sur del cerro, la justicia rionegrina ordenó el desalojo días más tarde.

Todos los bienes que la empresa no retiró en tiempo y forma fueron confiscados. Posteriormente, una comisión de expertos tazó los medios de elevación emplazados y desechó a muchos de ellos, de arrastre, que fueron desarmados y retirados de la montaña.