SAN ANTONIO OESTE (ASA).- La adjudicación del servicio de recolección de residuos de Las Grutas tuvo esta semana su capítulo más escandaloso. La puesta en evidencia de un intento de sobrevaluar la concreción de la tarea, puso punto final a un proceso que comenzó teñido de sospechas y polémica.
La privatización del basurero en San Antonio Oeste y Las Grutas, por un término de 3 años, se iba a realizar desde el Ejecutivo Municipal mediante una licitación que fue rechazada por la mayor parte del arco político local debido a que dirigentes de las distintas fuerzas la consideraron inoportuna por la cercanía de las elecciones y porque implicaba compromisos para el gobierno entrante.
Se abrieron los sobres hace menos de un mes y con la participación de tres oferentes la licitación quedó desierta por algunas falencias en la documentación presentada.
Allí comenzó un nuevo proceso que llamó la atención del flamante concejal Gustavo Urcera, que ingresó al Deliberante el 10 de diciembre último en reemplazo de María Inés Maza quien asumió en la
Legislatura. Urcera se enteró de boca del Secretario de Hacienda, Osvaldo Baraschi, que se contrataría directamente a la empresa Noale SRL, que fue la que menor precio pasó en la frustrada licitación, pero solamente para cubrir el balneario Las Grutas durante la temporada. El costo ascendería a unos 415.000 pesos.
Por curiosidad, Urcera solicitó presupuestos en las restantes empresas, en una de las cuales participa un familiar suyo quien le informó que el trabajo podría hacerse por mucho menos. Con esa inquietud, se trató el tema en el CD y se decidió realizar un concurso de precios interno, a sobre cerrado para resolver el tema.
Así fue que el viernes se conoció que TSB -de Claudio Urcera, primo del concejal- presentó una propuesta por 327.000 pesos por 90 días, mientras que Noale SRL pasó 299.400 pesos y se quedó con la prestación del servicio.
Gustavo Urcera, en su debut como edil en sesión ordinaria, dijo que gracias a su gestión se logra un ahorro para el municipio de 116.000 pesos. Se quejó de la actuación de los funcionarios Héctor Larregui y Osvaldo Baraschi sobre quienes afirmó que "no hicieron ningún esfuerzo por la economía de los recursos municipales". Se preguntó "por qué el proveedor elegido con anterioridad pudo bajar el presupuesto en un 27 por ciento" y agregó que considera "a estos funcionarios no recomendables para nuevas funciones administrativas en el Estado". Pidió también informes sobre todas las compras y contrataciones directas desde el 2004 en adelante.
La concejal oficialista Mirta Domínguez, se limitó a contestarle que el requerimiento del concurso de precios en sobre cerrado fue de todo el cuerpo y que en cuanto al control de las compras y contrataciones anteriores puede dirigirse al Tribunal de Cuentas. "En cuanto a la incompetencia de los funcionarios es un criterio, con el que uno puede o no coincidir, pero es suyo", dijo la edil.
