En marzo del 2005 un tribunal de sentencia de Izabal, un pequeño pueblo al norte de Guatemala, dictaminó que L. había consentido tener una relación sexual con Edilsar Navarro, quien había sido acusado de violación por la madre de la víctima. De nada sirvió la existencia de un testigo presencial, y mucho menos la contundencia de la realidad. Porque L. tenía 8 años. Y Navarro no sólo era mayor de 30 sino también policía, tío y vecino suyo.
Mucho peor le fue a R. B., una bacterióloga colombiana que fue secuestrada por las FARC en el 2003 en la región de Santa Marta. Tras 15 días de cautiverio denunció en la Fiscalía de Valledupar que, además de privada de su libertad, había sido violada en reiteradas oportunidades por un jefe guerrillero denominado "Beltrán". Tiempo después "Beltrán" se presentó voluntariamente a un programa de reinserción y, al enfrentar la acusación de secuestro y violación, se limitó a decir que R. B. era su novia y, en consecuencia, guerrillera. El fiscal no tuvo duda de que Beltrán (y no R. B.) decía la verdad, lo liberó y pidió la detención de R. B. por el delito de "rebelión" (tipo penal que se emplea en Colombia para procesar a miembros de las fuerzas insurgentes). Animarse a denunciar una violación sexual no sólo le implicó a R. B. 42 días de prisión preventiva sino también el exilio forzado por las permanentes amenazas de volver a ser secuestrada y violada.
¿En qué se asemejan estos casos del reciente fallo de la cámara segunda de Neuquén, que consideró no probada una violación aunque la víctima, de apenas 12 años, tuvo un bebé del acusado?
En que aquí y allá cientos de mujeres denuncian en la Justicia penal violaciones sexuales cometidas contra ellas o sus hijas con la esperanza de una reparación, o el anhelo de detener al perpetrador para que no siga violando a otras. Y en la triste realidad de que jueces, fiscales y defensores (de aquí y de allá) responden sistemáticamente a esas denuncias diciendo "a usted no la violaron". Y lo hacen con justificaciones que, si no fuera porque dejan detrás vidas destrozadas, hasta moverían a la risa: himen complaciente o víctima con sonrisa peligrosa son algunos de los eufemismos que se pueden encontrar en la lectura de expedientes judiciales, lista a la que ahora se agrega el triste "coito interfémora" empleado por los jueces neuquinos para justificar el delito.
El mensaje es mucho más peligroso de lo que aparenta. Porque al repetir que tal o cual violación no existió, no sólo se responsabiliza a la sobreviviente. Se está diciendo que la violencia sexual, lejos de ser un delito, es una prerrogativa masculina. Un privilegio -más- que el sistema penal sostendrá aun con los argumentos más inverosímiles. Porque mientras los delitos contra la vida y aquellos cometidos contra la propiedad alteran un statu quo, los delitos sexuales, por el contrario, parecen restablecer ese orden y tener una función de control y disciplinamiento: el acceso sexual a las mujeres y las niñas debe seguir siendo regido por voluntades unilaterales y arbitrarias que no deben ser cuestionadas sino, por el contrario, sostenidas.
Se argumentará, con razón, que el sistema penal no es el único que justifica la violencia sexual. "Si es prostituta que no venga a decir que la violaron" o "Esa negrita hizo la denuncia para sacar plata" es un discurso que se puede escuchar en cualquier casa o escuela de la Argentina. El problema es que los tribunales no deberían ser reforzadores del sexismo, la homofobia o el racismo. Muy por el contrario, la expectativa social es que (si no los combate) al menos no los justifique. Porque, si bien no está en manos de los operadores judiciales evitar o prevenir la violencia sexual -es sabido que ni el aumento de penas ni las sentencias condenatorias per se disminuyen la ocurrencia del fenómeno-, las sobrevivientes tienen el derecho a que su caso sea tratado por jueces imparciales, libres del prejuicio del sexismo.
En el fallo, los jueces Castro, Andrada y Dedominichi dicen que una niña de 12 años tuvo un hijo de E. M., su vecino 71 años mayor, a quien la niña visitaba. Pero, agregan los jueces, E. M. no violó a la niña. El argumento empleado es que no se pudo comprobar la penetración. Pero no era la penetración lo que los jueces debían probar sino la violación (que no son sinónimos) y, fundamentalmente, si se había vulnerado la integridad sexual de la víctima.
¿Qué mecanismo hace que un grupo de personas -en este caso, todos jueces- pueda considerar que una personita de 12 años no ha sido violada en su integridad psíquica y física si ha quedado embarazada de un vecino que, además, gozaba de su confianza? Mucho peor: ¿qué sistema ético, profesional y de creencias permitió a los jueces desresponsabilizar a M. E. (quien "abusó" pero no "violó") para otorgarle el beneficio de continuar viviendo al lado de la casa de la sobreviviente y, además, sostener que esto no representa un riesgo para la salud mental y la integridad de la niña?
Tal vez parte de la respuesta sea que, en lugar de un crimen, parte de la Justicia aún considera la violencia sexual un privilegio a preservar.
ANDREA DIEZ (*)
Especial para “Río Negro”
(*) Periodista y autora del libro "Violencia sexual contra las mujeres"
