Las asociaciones civiles de Las Grutas, San Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche y Viedma presentaron una nota al gobernador Miguel Saiz, con el fin de expresar su preocupación "por la suba desmedida en el impuesto Inmobiliario provincial", Además solicitan que les brinden "los argumentos técnicos que se consideraron para determinar el incremento de las valuaciones fiscales del valor tierra y mejoras y los consecuentes aumentos en las alícuotas aplicadas por la Dirección General de Rentas para el año en curso, "a las que consideraron desmedidas y altamente perjudiciales para la actividad turística de la provincia".

De esta manera se expresaron Hugo Rial, por Asociación de Propietarios Hoteleros y Gastronómicos de la Zona Atlántica, Laura Bonoris de la Comisión de Turismo de Las Grutas-San Antonio, Juan García Belver por la Asociación de Agentes de Viajes de la Zona Atlántica, Mario Pafundi por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Las Grutas, Rodolfo Funes de la Cámara de Comercio e Industrias anexas de San Antonio Oeste y Juan Carlos Fischer de la Corporación de Turismo, Industria y Comercio de Las Grutas, con motivo de la aprobación de la ley 4.249 - decreto 336 correspondiente a Actualización de la Valuación Fiscal aprobada el 19 de diciembre de 2007 y promulgada el 2 de enero último.

Progresiva y consensuada

Los empresarios, que se reunieron con sus pares de Bariloche, expresaron que "más allá de entender que es procedente la actualización de las valuaciones fiscales, base para el cálculo del Impuesto Inmobiliario, entendemos que ésta debería haber sido en forma progresiva y consensuada".

Opinaron que "la aplicación de esta ley podría traer serias consecuencias económicas de tipo inflacionario, sociales con la consecuente disminución de la capacidad de generar empleo logrado en estos últimos años y contraria al objetivo del pacto social solicitado por el gobierno nacional, llevando a nuestra región una competencia desleal en relación a otras regiones turísticas del país".

Agregan que "también debemos sumarle la quita de la exención sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos a los establecimientos hoteleros con categoría menor a tres estrellas y el aumento de la alícuota a aplicar para todo el resto de las actividades turísticas. Expresaron que se ven "en la obligación de analizar estrategias a seguir y medidas a tomar en caso de no recibir una pronta respuesta de las autoridades provinciales que permita una profunda revisión de las medidas adoptadas". (ASA)