La intendenta Mabel Leonardo promulgó ayer la ordenanza que autoriza a privados la venta de lotes en una valiosa zona al sur de Las Grutas, en una franja costera que hasta ahora el Municipio consideraba como propia. Ahora el reclamo que durante años una familia de esta ciudad realizó a los Estados provincial y municipal como reivindicación a los derechos de su padre -un humilde hacendado local- se transformó en un millonario negocio inmobiliario privado.
La remanente compensación por aquel supuesto dominio conculcado, que según los abogados de la comuna no merecía más de dos lotes urbanos para cancelarla totalmente, se convirtió en una pérdida fiscal que podría abarcar buena parte de las 400 hectáreas situadas al sur de Las Grutas, sobre la franja costera hasta El Sótano.
Las cifras que llegarían a manos privadas por la venta de esas tierras equivaldrían a 10 presupuestos del Estado, que además será el encargado de proveer de servicios y garantizar buena calidad de vida a sus propietarios y habitantes.
Ese negocio fue posible con la participación de actores pasivos y activos, que de una u otra forma colaboraron para beneficiar a un grupo de particulares, con algunos de los cuales, varios responsables del complejo proceso, mantienen relaciones de parentesco, laborales, políticas o económicas.
Desde la aprobación de la ordenanza que autoriza a la intendenta Mabel Leonardo a habilitar un loteo de alrededor de 30 hectáreas, el litigio por otra parte de la franja costera urbanizable al sur del balneario se complicó sensiblemente para los intereses públicos.
Promulgada la norma, la sociedad "Patagonia Villa Eugenio" podrá empezar a vender una mercancía hoy muy preciada: lotes en una paradisíaca zona lindera a Las Grutas, frente al mar, en el marco de un plan urbanístico pagado por el Estado que los posiciona competitivamente mucho mejor que sus vecinos grutenses.
"Patagonia Villa Eugenio" es el sello que crearon Eugenio Tarruella (hijo) y el estudio de los abogados Jorge Bollero y Ángel C. Arias -ya fallecido- en el que ahora se desempeña su hijo Gabriel. Arias padre fue quien asesoró a Eugenio Tarruella (padre) en muchas de sus gestiones para la compra de fracciones rurales para la crianza de animales, hasta principios de los '70 cuando el anciano campesino murió dejando a sus descendientes 10 mil hectáreas agrestes en las que pastaban sus ovejas. A pocos metros, empezaba a nacer un pequeño caserío con ciertas proyecciones turísticas, que hoy es Las Grutas.
A medida que ese villorrio crecía, los herederos y su patrocinante empezaron a realizar reclamos en compensación por las sucesivas donaciones de tierra que hacían al Municipio para que se expandiera la urbanización. También vendieron gran parte del campo más alejado del mar a una empresa urbanizadora y a una familia de comerciantes locales.
El trámite avanzaba en la comuna y los Tarruella recibían lotes fiscales con todos los servicios, en pleno casco urbanizado por el Municipio de San Antonio -más de sesenta en total-. Y mientras tanto, sus abogados continuaban reclamando reconocimientos frente al Estado Provincial con jurisdicción en la zona rural circundante. Las exigencias ya no eran de un sólo particular y su abogado sino de dos partes privadas -la de Eugenio (h), Bollero y Arias y la del resto de los hermanos enemistados, que tiempo después empezaron a ser patrocinados por Nelson Echarren.
El juego a dos puntas provocó un nudo entre los intereses del municipio, los de la provincia, los privados y, aparentemente entre algunos referentes del Estado que en todo este proceso parecieron jugar como particulares.
El 23 de diciembre de 1996, el entonces intendente Walter Zonco, el ex ministro Horacio Jouliá y Eugenio (h) con sus defensores, acordaron mediante un acta transaccional refrendada en enero siguiente por el ex gobernador Pablo Verani, que 60 de las 465 hectáreas que separaban el casco urbano grutense de la playa El Sótano, pasaran a posesión del heredero y compañía. Como honorarios Bollero y Arias recibirían parte de la tierra. Asumieron el compromiso de acordar con el resto enfrentado de la sucesión para evitar que continuaran los reclamos. Las 405 hectáreas que daban al mar pasaron de la Provincia a la Municipalidad para la futura expansión de Las Grutas lo que para los funcionarios actuantes por la comuna fue una incorporación de tierras al patrimonio público local.
PEDRO CARAM
