El parásito de la malaria provoca la muerte de un millón de personas cada año. Más del 90% de esas personas viven en África y la mayoría son niños. Haría falta una vacuna, pero las empresas farmacéuticas no tienen incentivos para invertir en la investigación de un producto cuyo mercado sería el de los países más pobres. La salud es un derecho, pero las empresas actúan según la lógica del beneficio. No obstante, una novedosa asociación del sector público y el privado está posibilitando una investigación para la nueva vacuna RTS contra la malaria.

El mérito de la iniciativa corresponde a Bill Gates, que ha decidido dirigir, a través de la Fundación Gates, parte de su inmensa fortuna a la lucha contra la malaria. De este modo, con esos aportes y otros de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, se financia una investigación realizada en los laboratorios de la empresa Glaxo. Aparte de financiar los ensayos, los gobiernos garantizan la adquisición de un número de vacunas suficientes para cubrir los costos empresariales.

Otro gran laboratorio, Novartis, produce el 70% del Coartem, un nuevo medicamento que sustituye la quinina y permite que su toma en sólo tres días acabe con el parásito. Novartis lo fabrica y vende a precio de coste en los países pobres sin obtener beneficios, o inclusive incurriendo en pérdidas al absorber los gastos que supone su reparto. Pero Novartis es la misma empresa que interpuso una demanda contra la ley de patentes en la India, al considerar que se extralimitaba al aplicar las excepciones al régimen de patentes establecido en el ADPIC, el acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual de la OMC (Organización Mundial del Comercio).

Estas actuaciones de los grandes laboratorios deben ser valoradas a la luz de una reciente información que proviene de Bruselas. La Comisión Europea anunció la puesta en marcha de una investigación en gran escala para averiguar si las grandes empresas farmacéuticas violan el derecho de competencia, con maniobras dirigidas a prolongar indebidamente la vida de las patentes y retrasar la salida de medicamentos genéricos. Neelie Kroes, la comisaria holandesa de la competencia, ha manifestado estar decidida a averiguar si hay algo "podrido" en el sector.

Las contradicciones que se generan alrededor de la investigación y venta de productos farmacéuticos revelan, de algún modo, las contradicciones de un régimen de producción puramente capitalista. Existen medicinas que permitirían salvar la vida de millones de personas en el mundo, pero la compra de las patentes que harían posible la fabricación de genéricos está fuera del alcance de los gobiernos de los países más pobres. Por otra parte, los grandes laboratorios reclaman el derecho a recuperar, mediante el monopolio que brindan las patentes, los costos de la investigación en que han incurrido para descubrir el medicamento.

Según la Declaración de Doha, firmada por los países de la OMC en el 2001, las normas sobre propiedad intelectual "pueden y deben ser interpretadas y aplicadas de modo que se apoye el derecho de los países miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, a promover el acceso a los medicamentos para todos". Pero la aplicación de esta norma ha dado lugar a conflictos judiciales como el promovido por Novartis en la India, dado que multinacionales y gobiernos de los países del sur difieren en su interpretación.

Para salvar la consecuencia en vidas humanas de la prolongación de estos conflictos, el Parlamento de Cataluña ha lanzado una novedosa propuesta que intenta buscar una solución al problema. Se trata de crear un Fondo Mundial de Rescate de Patentes que serviría para liberar de patente aquellos medicamentos cuyo precio es inaccesible para los países pobres. De este modo no se resentiría la investigación, que seguiría en manos de los laboratorios privados, los que podrían recuperar su inversión con el "rescate" pagado por los gobiernos.

El problema de esta iniciativa es cómo conseguir la financiación adecuada. La propuesta menciona la posibilidad de establecer algún tipo de impuesto mundial para financiar ese fondo. De hecho ya existe un antecedente, que es la tasa a los billetes de avión que impulsan los gobiernos de Francia y de Brasil para crear un fondo contra el sida. Se podrían reunir así unos 10.000 millones de dólares anuales al servicio de este noble propósito; una cifra importante, pero que parece poco significativa si se piensa que equivale apenas al 1% del billón largo de dólares anuales que el mundo gasta en armamentos.

ALEARDO F. LARÍA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Abogado y periodista. Madrid