VILLA LA ANGOSTURA (AVLA).- El funcionario municipal sospechado por "Tentativa de estafa a la administración pública" y "falsificación de documentación", Eduardo Iborquiza, fue citado en calidad de imputado a declaración indagatoria y se abstuvo de hacerlo. Ahora la justicia ordenó que sea sometido a pericias caligráficas para constatar si falsificó un presupuesto.

En julio del año pasado, un particular serigrafísta, Carlos Montero, denunció al funcionario por pretender cobrar y "hacerle cargo" de confeccionar 98 carteles viales por $ 5.400 cuando su trabajo sólo había consistido en la impresión de los mismos por una suma de $255. Asimismo, lo acusó de robarle y falsificar una orden de presupuesto que luego figuró en el expediente de la obra.

De comprobarse la falsificación, la causa sería elevada a juicio. "Tal cual está el caso hoy, casi seguro va a juicio, dependerá de lo que digan las pericias caligráficas. Hay muchas testimoniales y pruebas", adelantó una fuente allegada a la causa. Entre otros, declararon los ex secretarios de Obras Públicas y Gobierno, y el dueño de una imprenta al cual Iborquiza le había pedido presupuesto por el mismo trabajo. También, figuraría como prueba la compra de la madera en un comercio de Bariloche.

En la etapa de investigación, la fiscalía ya había solicitado una pericia caligráfica, pero el material enviado al perito había resultado "insuficiente", en virtud de que no tenían un texto escrito de puño y letra del sospechoso.

Hasta tanto no fuera indagado como imputado, no podía ser sometido a esa pericia. Ahora sí.

El funcionario sigue trabajando en el área de Tránsito y Transporte pero ya no ocupa un cargo directivo como en la gestión de Hugo Panessi. Luego de que el caso tomara estado público y previo sumario interno, el funcionario recibió como sanción 15 días sin goce de sueldo. De resultar condenado podría recibir una pena de 3 años de prisión con ejecución en suspenso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En julio del año pasado un particular serigrafísta, Carlos Montero, denunció al funcionario por pretender cobrar y "hacerle cargo" de confeccionar 98 carteles por $ 5.400 cuando su trabajo sólo había consistido en la impresión de los mismos por una suma de $255.