SIERRA GRANDE (AV).- El lunes quedará inaugurado el nuevo edificio del Hogar de Menores de Sierra Grande y su habilitación es casi coincidente con una resolución del Superior Tribunal de Justicia ante un antiguo pedido de la Asesoría de Menores por las condiciones infrahumanas de habitabilidad.
El STJ declaró en abstracto el amparo al entender que "el actual hogar será reemplazado en muy corto plazo". Claro que el tribunal otorgó un generoso tiempo al Ejecutivo para cumplir con esa obra, pues el recurso fue presentado hace dos años.
De todas maneras, los fundamentos en el amparo replican serios cuestionamientos al Hogar de Menores La Casita.
Al final, el lunes será inaugurado un nuevo espacio a partir del inmueble cedido por Hiparsa al Ministerio de Familia.
El amparo fue planteado por la asesora de Menores e Incapaces, Teresita Molaro, quien interpuso un mandamus de ejecución para que se ordene al ministro Alfredo Pega "las acciones necesarias para que cese el estado infrahumano en la que se encuentran los menores internados" en ese establecimiento.
En su dictamen, la Procuradora General, Liliana Piccinini afirmó que los internados están "en situación de riesgo y vulnerabilidad", y recordó que el "Estado asumió con ellos la obligación de protegerlos, educarlos y proveerles salud". Consideró que hay "una arbitrariedad manifiesta ante el incumplimiento de claras disposiciones legales y frente a un daño concreto y grave". Por eso, pidió una inmediata solución y propuso "la externación de los menores y su ubicación en condiciones acordes a sus necesidades".
En febrero pasado, el presidente del STJ, Alberto Balladini, se constituyó en Sierra Grande y recorrió el Hogar "La Casita" con el intendente Nelson Iribarren. El relevamiento consignó que "tiene ocho habitaciones, algunas poseen camas y otras no, con colchones en el piso. Ninguno se encuentra en buen estado y sólo uno posee ducha, por lo que los niños deben bañarse en fuentones".
"Se advierte estado de abandono y precariedad, con olores nauseabundos", agregó el informe, destacando que "La Casita" está "completamente construida en material prefabricado y completamente deteriorado".
Como contracara, la comitiva judicial consignó que el nuevo inmueble -bajo el nombre "Hogar Sierra Grande"- tiene una construcción de 350 metros cuadrados, seis habitaciones, cada una con 3,87 metros por 3,50 metros con capacidad para dos camas cuchetas. Además hay dos Grupos Sanitarios divididos para varones y mujeres, cada uno con un antebaño, duchas y sanitarios respectivos.
En su voto, Víctor Sodero Nievas consideró que "se evidencia en las nuevas obras importantes avances" y, por lo cual, propuso resolver en abstracto considerando que el reclamo caerá frente a las nuevas instalaciones. El juez Luis Lutz adhirió a esa determinación pero insistió en su opinión que advierte una creciente "judicialización de la crisis", con una demanda social de cada vez mayor "activismo judicial". Recordó que el "amparo no es la acción adecuada para cuando existen eventuales incumplimientos o morosidades, además de tramitaciones administrativas ante organismos o funcionarios cuyas responsabilidades y deberes denotan claramente la existencia de otras vías adecuadas para la resolución de los conflictos".
