Hoy, después de varios días de lucha y resignación, llevamos en nuestro corazón una profunda tristeza: ya no está con nosotros.

Era una persona muy especial: mamá, hermana, abuela, bisabuela, suegra... Sus últimos días fueron muy difíciles, tanto para ella como para los que la acompañamos. Día a día intentábamos darle un poquito más de nuestro cariño, fuerza, apoyo y amor para que nos lleve al cielo en su corazón.

Lo que queremos es agradecer -por medio de esta carta- a todos aquellos que nos acompañaron en todo momento, especialmente al personal de la Clínica Roca SA.

Gracias Felipe porque estuviste a nuestro lado en todo momento, por todo lo que hiciste por ella con afecto, esperanzas y profesionalidad. Muchas gracias por darle y darnos seguridad, confianza y fe.

Gracias Sonia por tu amabilidad e interés para mejorar su calidad de vida. Gracias por darle fuerza y ayudarla tanto.

Gracias Emilio y Rosario por su disponibilidad, dedicación y cariño incondicional, por sacarle a su querida viejita incontables sonrisas y tranquilizarla tantas pero tantas veces. Gracias Claudia, Dani, Carlos y Lucas, ustedes también hicieron más amenos los días, estando siempre dispuestos, con alegría y atención permanente.

Gracias, sólo gracias a todos.

¡Hasta siempre!

Familiares de Carmen Pardo de Pietravalli - Roca

La CTA Río Negro se solidariza con el compañero Robinot Villegas, director titular de la Escuela Primaria Nº 317 de General Roca, a raíz de la intención del Consejo Provincial de Educación de separarlo del cargo, al cual accediera por concurso de antecedentes y oposición, con el pretexto de iniciarle un sumario mediante la resolución 930/08.

No nos acostumbraremos ni nos resignaremos ante los atropellos y persecuciones hacia los compañeros que como Robinot Villegas se niegan a ser instrumentos de las políticas nefastas del gobierno provincial.

¿De qué se lo acusa al compañero Robinot?, ¿de ponerse a la cabeza de la defensa de los derechos de nuestros alumnos? Pues entonces el gobierno tendrá enfrente a muchos Robinot.

El gobierno provincial no tiene autoridad moral para sumariar y menos aún para quitarle el trabajo a ningún trabajador. Lo que tendría que hacer, si es que puede, es explicar por qué siendo esta una provincia tan rica no tenemos salud, educación, justicia, trabajo digno, etc.

Exigimos la inmediata derogación de la resolución mencionada por ilegítima, ilegal y represiva, y exhortamos al gobierno a poner sus energías en implementar políticas que garanticen los más elementales derechos humanos, en vez de "penalizar" la libertad de acción y de expresión.

Oscar Muños, Sec. Comunicación CTA - Río Negro

Ser docente hoy es un desafío. Siempre lo fue. Pero hoy el trabajo docente parece ir en contra de todo y de todos. Si no, pensemos: ¿cómo se hace para enseñar valores en medio de una sociedad que cada vez los abandona más?, ¿cómo se prestigia la sensatez, la inteligencia y el conocimiento frente a la estupidización que pregonan los medios?, ¿cómo se enseña el valor de la verdad cuando la mentira está a la orden del día, incluso entre las autoridades (morales no) que nos gobiernan o entre sus protegidos de turno?, ¿cómo se enseña a tener una actitud crítica frente a la realidad cuando se acalla con todo tipo de artilugios y formas de presión a quienes se animan a criticar?, ¿cómo se enseña la defensa de los derechos cuando se castiga desde las autoridades a quien se atreve a defenderlos?

Todos estos cuestionamientos cobran fuerza mayúscula con el acto de sumariar y separar de su cargo al director de la Escuela Nº 317 de Jornada Extendida, Sr. Robinot Villegas, acusándolo de "entorpecer el normal desarrollo de las actividades escolares" del establecimiento, un acto a todas luces arbitrario e injusto, con el que se busca esconder las responsabilidades de quienes gobiernan, y que se hace aparecer disfrazada de "administrativo" y "legítimo", .

Cabe preguntarnos: ¿es "normal" que los niños de esa escuela, o de cualquier otra, reciban alimentos de dudosa calidad con el fin de cuidar los intereses de las empresas "amigas", mientras se aduce que, con ello, "se protege el derecho de los niños a la alimentación"?, ¿es "normal" que un niño regrese a su casa golpeado y lastimado por un poste del cerco perimetral de su escuela que se le cae por el mal estado en que se encuentra, hecho denunciado durante años?, ¿es "normal" que se "parche" el problema del cerco construyendo uno del mismo tipo, siendo que está demostrada su ineficacia y peligrosidad?, ¿es "normal" que los principales riesgos para los niños que se educan partan de la inacción o la "distracción" de quienes tienen la responsabilidad de garantizar una educación con seguridad y con los recursos suficientes, es decir, el gobierno provincial?

¡Qué difícil se nos hace educar así!

Julieta Fabiana Chaile, DNI 26.795.269

Nancy Lagoria, DNI 16.780.031

Cristina Araneda, DNI 18.618.679

Siguen 23 firmas más - Roca

Con respecto a la nota del juez Martín Lozada, del viernes 9 de mayo, es indudable, para mí por lo menos, que este magistrado no es ninguna garantía de justicia justa porque pone el dedo en un platillo de la balanza (el izquierdo) y lo inclina, o baja, como le manda su ideología "progre".

Se olvida, o se hace el olvidado, de que las leyes llamadas de Punto Final y de Obediencia Debida fueron legítimamente sancionadas por el Congreso de la Nación y que su "anulación" fue un acto aberrante y alejado de todo concepto legislativo y jurídico.

Sabe, o debería saber, que en 1987 la Corte Suprema de Justicia convalidó la legitimidad de esas leyes, pero que la nueva Corte kirchnerista las borró del mapa cumpliendo las órdenes del mandamás, con lo cual quedó demostrado el sometimiento de la justicia al poder político.

Sabe Lozada, o debiera saber, que la anulación de los indultos fue la otra badomía cometida por el régimen, porque anular los indultos fue lo mismo que anular el inciso 5° del artículo 99 de la Constitución Nacional, pues es doctrina que el indulto, como acto de gobierno y de naturaleza política, no puede ser objeto de revisión por los jueces.

En el juzgamiento de las juntas militares, por su lucha contra el terrorismo subversivo, se violaron garantías constitucionales como que nadie puede ser sacado de sus jueces naturales ni ser juzgado por comisiones especiales, que fue lo que ocurrió. Tales anomalías invalidan todo el proceso.

En cuanto a la supuesta imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, en el caso de que éstos hubieran sido cometidos, corresponde el siguiente análisis: la convención internacional sobre dicha imprescriptibilidad fue aprobada por el Congreso Nacional en 1995 y el presidente de la Nación la ratificó el 11 de agosto del 2003. Esos presuntos delitos habrían sido cometidos mucho antes, por lo cual no es pertinente la aplicación de dicha convención. El posible argumento de que esos delitos no prescriben nunca tiene la siguiente respuesta: si bien el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional autoriza a dar jerarquía suprema a los tratados internacionales (lo cual es un disparate), también establece que éstos "no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución" (derechos y garantías). Puesto que el artículo 18 expresa con toda precisión que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso", y teniendo en cuenta que los supuestos actos de lesa humanidad en los años setentas no eran considerados tales, los militares acusados no pueden ser juzgados por esa causa, por más alquimia y artilugios leguleyos que se quieran esgrimir.

Por si faltara algo, es del caso la mención del artículo 2° del Código Penal que establece lo siguiente: "...si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta de la que exista al pronunciamiento del fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la ley más benigna". Es evidente que, con respecto a los indultos, éstos se dictaron "en el tiempo intermedio" y las convenciones que tutelan los derechos humanos fueron parte de la Constitución Nacional sólo después de 1994, cuando se las incorporó a su texto, como está dicho anteriormente.

De manera que Lozada sabe muy bien, pero se calla, que al anularse las leyes de perdón o amnistía, y consecuentemente los indultos, se han violado y desconocido principios inconmovibles del derecho universal, como son los de cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal y aplicación de la ley más benigna, que son respetados y cumplidos a rajatabla en todos los países civilizados del mundo donde impera la justicia y la legalidad.

Joaquín Bertrán, LE 5.433.822

Neuquén

Vivo en el Bº Coperso desde hace nueve años, cuando esto era sólo barda (el barrio está ubicado a continuación del Bº Mercantiles, ingresando por el tercer puente), actualmente somos muchas las familias que vivimos en este sector.

Con mi grupo familiar hemos sido testigos de la construcción de la mayoría de las casas y somos conscientes de todo lo que falta todavía, por lo tanto sabemos de camiones repartiendo materiales de construcción, máquinas funcionando y muchas personas trabajando. Puedo agregar también el gran número de adultos que utilizan estas calles para enseñar a manejar a sus hijos.

Con algunos vecinos del barrio decidimos armar lomos de burro para que se disminuya la velocidad y nuestros hijos puedan salir a la vereda o caminar hasta la casa de un vecino, un poquito más seguros.

Con alegría pudimos observar cómo los camiones, los repartidores, los visitantes disminuían la velocidad.

Con mucha tristeza nos dimos cuenta de que eran dos familias del barrio quienes se mostraron muy enojados y optaron por aumentar la velocidad de sus autos o de los vehículos de las empresas para las cuales trabajan y parar frente a nuestras casas a tocar bocina. Prefiero no dar sus nombres, por respeto a sus hijos. Sí, tienen hijos que también caminan por estas calles. Tanto ha sido el enojo que cada vez pasan a mayor velocidad y esto ha generado mucha preocupación.

Yo me pregunto, ¿cómo hacemos para que adultos puedan comprender la importancia de la prevención de accidentes, la importancia de circular a velocidades permitidas y no como si estuvieran corriendo una picada?

Estos vecinos ¿están esperando que un niño quede debajo de sus autos o quieren sembrar el miedo para no ver niños jugando en el barrio?

¿Por qué les tengo que contar a mis hijos que cuando yo era chica jugaba en la vereda con los amigos del barrio y que tengo hermosos recuerdos?

¿Por qué tengo que decirles que a la calle no se puede salir?

Parecen como frases de épocas que no queremos repetir.

Carina Bisutti, DNI 24.417.435 - Neuquén