CIPOLLETTI (AC).- El fin de semana se instalaron alrededor de 400 familias en una chacra del noreste cipoleño y desde ayer comenzaron a limpiar y demarcar los terrenos. En su mayoría son parejas jóvenes con niños y madres solteras. La gente dice que trabajan en negro y que por eso no pueden acceder a ningún plan de viviendas. El intendente Abel Baratti advirtió que no permitirán una nueva toma en la ciudad y planteó la necesidad de conformar el llamado "distrito vecinal II".

Los primeros que ingresaron al predio el sábado y el domingo comenzaron a organizarse. Ayer temprano, mientras la temperatura se los permitió, desmalezaron el terreno e hicieron fuego con los yuyos. La chacra se encuentra en el extremo noreste de lo que fue hasta hace poco el casco urbano de la ciudad, frente al barrio Anai Mapu.

Santiago, uno de los referentes, hizo de coordinador y se encargó de acomodar a las familias. "Todavía hay tierras disponibles", respondió cuando lo consultaron. Contó que el sábado entraron más de 100 familias y que ayer, según el último censo, superaban las 400. "Lo único que le pedimos al juez fue que no repriman", indicó.

Algunas personas se instalaron con carpas precarias y otras pusieron cartones y telas para hacer sombra. "Queremos pagar la tierra, acá hay mujeres solas con hijos y sin trabajo. Te piden un disparate para alquilar y ya agotamos todas las posibilidades para conseguir un terreno", aseguró una de las voceras.

Otros dijeron que trabajan changueando y que no tienen posibilidades de acceder a las cooperativas que promueve la municipalidad para los terrenos del El Treinta. "¿A dónde vas si no tenés recibo de sueldo? No podemos integrar una cooperativa, acá la igualdad existe para los que tienen plata", se quejó una mujer.

El sábado, cuando ingresaron las primeras familias, el juez Gustavo Herrera y el fiscal Oscar Cid se entrevistaron con los ocupantes. Pero Baratti dice que se cansó y que buscará las herramientas para no permitir un nuevo asentamiento. "Tenemos que trabajar en conjunto con la Justicia, la provincia y la Policía en la prevención, pero esto tiene que terminar. No vamos a avalar ni a negociar más con los ocupantes", remarcó.

El intendente cree que el primer paso tiene que ser la modificación del protocolo de actuación que aprobó el gobierno provincial mediante el decreto 649, que dispone la intervención de los organismos estatales para asistir a esas familias.