Aguas turbias en ríos lastimados

Panorama de Neuquén

El debate sobre la contaminación de los ríos de la región transita por un período intenso pero de argumentos pobres y miradas cortas. Se da en el contexto de un año electoral en el que los funcionarios provinciales y municipales que han intervenido están más preocupados por direccionar el peso de la responsabilidad por años de desidia, que en efectuar una autocrítica sincera, algo que, de lograrse, plantearía un punto de partida sólido para iniciar un camino de reparación de los cursos de agua.

Los municipios no aceptan culpas por el daño ya provocado porque, como ha dicho Horacio Quiroga con dialéctica de contenido avaro, los intendentes se limitan a habilitar o clausurar balnearios. Pero el de la capital no es el único intendente que ha relativizado la incidencia de las ciudades alrededor de este problema, también lo han hecho Andrés Peressini y sus antecesores en el cargo en Plottier, pese al extenso historial de daño provocado por la inyección de líquidos crudos al Limay que parten de la defectuosa planta de tratamiento que en su momento costó una fortuna y se construyó, en tiempos del menemismo, con aportes del Tesoro Nacional teledirigidos, un trámite que derivó en una causa judicial.

La Provincia es la que menos puede esconder la mano en un asunto de tanto interés colectivo, porque la empresa provincial que maneja el servicio, el EPAS, es monopólica en la mayor parte de Neuquén. Por el peso de esta responsabilidad, el ministro de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales, Alejandro Nicola, y los funcionarios que estuvieron antes que él en puestos de similar responsabilidad tendrían que haber convocado a los intendentes hace tiempo para debatir cómo cuidar a los ríos Limay y Neuquén, algo que está sucediendo recién ahora por presión social, que incluye las movilizaciones recientes de vecinos y una creciente intervención de la Justicia a fuerza de amparos.

No intervino hasta aquí en el debate Omar Gutiérrez, que ha delegado en su ministro del área el rol de gladiador en la primera línea de fuego. Teniendo en cuenta que tanto el gobernador como el vicegobernador Rolando Figueroa se consideran protagonistas de la nueva generación de dirigentes del MPN, no es un dato aleatorio saber qué piensan ambos acerca de lo que hizo o no su partido a lo largo de más de 50 años por la salud de los ríos.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas también está en la mira. Creada en 1985, cobró impulso cuando se privatizó Hidronor en la década del 90 para monitorear a los nuevos dueños de las centrales hidroeléctricas en el manejo del agua en sus múltiples usos. Ahora hay una demanda de mayor injerencia y un pedido de demostración de amor hacia los ríos. Ya hay pedidos para que rueden algunas cabezas.

Si bien Quiroga dijo que la Municipalidad está para abrir o cerrar un balneario, la Carta Orgánica de la ciudad de Neuquén establece, en el artículo 16, que es competencia municipal, entre varias más, realizar el planeamiento ambiental y preservar el patrimonio natural. Es una declaración de principios que podría dar mejores resultados si se aplicaran criterios más activos.

En el caso de la provincia, en la reforma de la Constitución del 2006, el capítulo ambiental originó un amplio debate entre los constituyentes. El resultado quedó plasmado en el artículo 90 que dice que es deber del Estado atender en forma “prioritaria e integrada” las causas y las fuentes de los problemas ambientales.

La movilización de la gente en este enero caliente ha sido un mojón para instalar un tema de alto impacto social en la agenda pública. Gobernador, vice, intendentes, ministros y representantes de las provincias en la AIC no se refrescan en los ríos afectados por la contaminación y beben agua envasada todos los días. Como no son usuarios frecuentes, tal circunstancia pone cierta distancia de la solución. Pero con o sin ellos los ríos suenan, están lastimados y las aguas bajan turbias. Ahora hay que ayudarlos a que se recuperen.

Los municipios no aceptan culpas por el daño causado porque, como ha dicho Horacio Quiroga, los intendentes están para habilitar o clausurar balnearios.

La Provincia es la que menos puede esconder la mano en un asunto de tanto interés colectivo. La empresa que maneja el servicio, el EPAS, es monopólica.