Las contracaras

19 mar 2017 - 00:00
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Esta semana estará marcada por el plano salarial. Educación poco mejorará mañana su oferta en la paritaria con Unter, centrada en el acortamiento de sus plazos. Esa disputa está amarrada a la reforma secundaria, con persistentes refriegas. Trabajo ideó un ámbito de mediación para catarsis del asunto y, después, ocuparse de la negociación de los haberes.

Todavía amparado en el reclamo nacional, el conflicto rionegrino promete quedarse. El tema suma cargas. Unter llevó denuncias a la Fiscalía de Investigaciones contra Educación. Habrá otra motivación en poco tiempo: la restricción de las suplencias por parte de Educación después del decreto del gobernador Alberto Weretilneck, crítico por los excesos en las licencias docentes.

La ministra Mónica Silva ultima su plan de cobertura de suplencias, cuya designación se centralizará a partir del pedido de licencias en un 0800, con registros de opciones. El ministerio asumiría esa conducción, que actualmente –en los hechos– se dispersa en directores, supervisores y consejos.

El mecanismo tiene su origen en Santa Fe. Allí, las licencias se declaran en un 0800 o correo electrónico y los motivos –enfermedades– están estandarizados, con sus límites de días. Un segundo paso determina que un auditor médico responde a los docentes, autorizando el plazo de licencia. Tres años después, el sindicato docente santafesino sigue resistiendo. Existió una derivación sorprendente: la investigación de medio centenar de médicos por su desproporción en las certificaciones otorgadas, llegando a 2.000 autorizaciones anuales en un profesional, según relevamiento de la cartera santafesina.

Le faltan concreciones al bosquejo rionegrino y su aplicación aún está por verse, incluso ponderando el presente conflicto de Educación con Unter.

Un caso sí extraviado. Se trata de los cambios administrativos promovidos por el gobierno, enmarcados oportunamente en la modernización y eficientización del Estado, especialmente en el sistema de compras. A fines de noviembre del 2015, Contaduría y la Fiscalía de Estado lo anunciaron, acompañados por Weretilneck. Quince meses después gran parte no se cumplió.

Un punto interesante preveía mejorar controles en las adquisiciones y, esencialmente, la disponibilidad de un esquema de precios orientativos. Ese instrumento nunca emergió. Las licitaciones se mantienen con valores base generados de los promedios de los proveedores.

La validez de una referencia propia quedó ratificada en un interesante trabajo de Desarrollo Social, a partir de la constitución de costos oficiales con recorridas por supermercados y consultas por la web. Esa esquema determinó que las ofertas de alimentos y productos navideños –licitación 61/16– lograran valores casi similares a los adquiridos en el 2015, rebelándose a la inflación. Nada es casual. Esa cartera afrontó ese año un serio cuestionamiento por preadjudicaciones con montos de artículos por encima del 40% de los precios en góndolas.

Pero, la operación del año pasado, el relevamiento usado y el resultado obtenido fue un caso aislado. El resto continúa con el tradicional esquema, siempre sospechado por sus curiosas fugas e ineficacias. Por caso, el mismo ministerio, en julio pasado, compró 5.000 colchones y 10.000 frazadas. Los primeros estuvieron con valores del mercado, pero las frazadas Aldeana se pagaron casi $ 300 cada una. Precio muy alto, verificable con un simple relevamiento. La explicación: “La calidad es mejor”. Y, otra vez, el precio “estimado” no ayuda a despejar dudas. A esas frazadas –en esa licitación Nº 41/16– se les fijó un precio oficial de $ 566 y ese producto en el 2015 se costeó con $ 129. Una suba de casi el 339%.

Muchas sospechas se eliminarían con un procedimiento diferente, cuanto menos con índices creíbles. Parecería que la revisión paralizada recuperó impulso, pero con modificaciones extraviadas. Algo vendría bien.

El conflicto docente sigue atado a la discusión por la reforma secundaria. La mirada en Santa Fe para el control de licencias y restringir la cobertura de suplencias.
El extravío de la reforma administrativa, con solitarios casos
en la búsqueda de la eficiencia y la colisión con las extrañas compras del Estado.

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