Logro político y riesgo financiero

Weretilneck tuvo un triunfo político. Impuso su plan Castello y accedió a un instrumento electoral, que servirán a sus promesas.

Otra época será la de los beneficios de las obras. Y otra coyuntura lejana proyecta el riesgo de la deuda. Los plazos y las tasas de los bonos están para negociarse. Si se logran los 580 millones de dólares, en una hipotética operación a diez años, al 8%, con intereses y capital pagaderos a partir del tercer año, la restitución estaría en unos 900 millones de dólares u, hoy, unos 15.000 millones de pesos. La actual deuda rionegrina está en los 6.200 millones.

El trámite nacional no será rápido y requiere aval de Hacienda, Interior, Economía y el BCRA. Río Negro abriría con un primer pedido de 250 a 300 millones, y pretende su colocación para antes de las elecciones de octubre.

Obviamente, la expectativa recae en las construcciones. Pero la experiencia de los fondos petroleros arroja inquietudes. Los recursos del Castello son mayores y superaría siete veces al monto de la prórroga.

La nómina de construcciones concluyó en un copilado, entre ideas de desarrollo y espontáneas por los acuerdos políticos. La negociación obligó a recortes –según los números originales de enero– y, por ejemplo, cayeron a la mitad asignaciones para la ruta Chica y el Nodo de Transporte de Los Menucos. Intendentes y el FpV impusieron diseños y así, sin más, se restableció el Prozome, que se había esfumado después de figurar en la presentación oficial. Ni rigurosidad ni planificación. La prioridad oficialista fue la autorización legislativa, que bien se cumplió por la faena de Alejandro Palmieri y Facundo López. El vice Pedro Pesatti estuvo apartado. ¿Decisión suya o esquema ajeno? No está claro, aún.

Legisladores opositores fueron partícipes de las reformas (mayores controles para evitar desvíos o la transformación en subsidios de parte de la cesión a los municipios). Media docena del FpV justificó su apoyo en esas concesiones y las obras para sus regiones, alejándose de la postura de su bancada. Fue el quiebre, más allá de las apariencias por venir. Evaluar el “control de daño” fue la inicial conclusión de la mayoría en el traspié, analizando “si tiene sentido” forzar “una unidad” que no logra garantizar una estrategia conjunta. Aluden a que no prosperó su última propuesta: postergar la sesión. Todo se frustró por la resistencia de María Maldonado y Ariel Rivero, que se abroquelaron en favor de la aprobación, seguidos en el recinto por Javier Iud, Graciela Holtz, Raúl Martínez y Alejandro Marinao. Aquella salida buscada derivó en que Martín Soria llamara a Miguel Pichetto y le solicitara su intervención. “No me he metido”, se excusó. Aun así, llamó a los suyos. Era tarde.

Marinao sugirió su alejamiento de la presidencia a Nicolas Rochas –referente de Soria– pero los reproches no recaen en él. Seguiría, pero los confines están fijados. La elección de la Defensoría del Pueblo será otra prueba.

También, la Justicia detecta las mutaciones políticas. El gobernador rompió con ATE y cerró hasta los lazos extraoficiales. En otras de las correrías del gremio, en septiembre pasado, la fiscal Paula Frandsen fue retenida por su dirigencia en una ocupación de Desarrollo Social. Hubo imputaciones por “privación ilegítima de la libertad” y el juez Carlos Mussi amagó con detenciones, pero no se dieron, aparentemente, por un mensaje de Weretilneck. Ahora, ese mismo magistrado dispuso sus capturas por los graves incidentes fuera de la Legislatura.

Rodolfo Aguiar logró un espectacular crecimiento de la organización. Marginales y no muchos, el gobierno debió ofrecerles vías de diálogo. Pero, frente a las falencias estatales que perduran, el gremio persistió en su lógica agresiva. No existió evolución, no detectó el fastidio social y redobló su método –por momento, violento– para mantener efectividad. Y era previsible. El miércoles ATE traspasó los límites.

El oficialismo logró su objetivo de aprobar el plan Castello y tendrá obras para anunciar durante su campaña. Otras épocas marcarán sus ejecuciones y el costo de la deuda.

El FpV repasa el daño de su votación dividida. Soria llamó a Pichetto para su intervención, pero ya no se podía controlar un quiebre evidente de semanas antes.