Maciel, Jones Huala y la amenaza de RAM

Panorama de Río Negro

El 13 de julio de 2010 José Maciel barría como todas las madrugadas los cordones del centro de Cipolletti. Recorría la calle Fernández Oro y casi en la esquina de Sáenz Peña le llamó la atención un bulto, cerca del nicho de gas del edificio de la Escuela de Policía. La explosión de la bomba fue mayor por la combustión y lo mató en el acto. La causa por este crimen está archivada y nunca se pudo probar ninguna de las hipótesis, pero de todos modos el Ministerio de Seguridad de la Nación acaba de lograr que el gobierno rionegrino le pusiera la firma a un documento que asegura que ese hecho fue el inicio de la actividad en la región de Resistencia Ancestral Mapuche, cuyas siglas RAM se mezclaron en un cóctel de noticias que no distingue matices cuando aparece un reclamo de los pueblos originarios.

Cuando el barrendero Maciel murió, el intendente de Cipolletti era Alberto Weretilneck, que logró que la Municipalidad fuera aceptada como querellante en la causa que aún estaba en la Justicia provincial. Cuando pasó al fuero federal, el expediente fue archivado.

Weretilneck estaba convencido de que ese artefacto explosivo y otro que hallaron en la puerta de Telefónica eran más mensajes mafiosos de la banda narco de la familia Montecino que expresiones terroristas.

El documento que firmaron Patricia Bullrich, el rionegrino Gastón Pérez Estevan y sus pares de Neuquén y Chubut tiene pocas fuentes judiciales o de inteligencia, y demasiados enlaces a notas periodísticas. De hecho, se menciona un ataque a la Catedral de Bariloche en el 2013 del que no se tiene registro. Está ilustrado con fotos de la web, mayormente publicadas por los diarios.

Está claro que muchos de los 96 hechos atribuidos por los gobiernos a la denominada RAM existieron y fueron graves, como la quema de puestos en propiedades de Lewis o Benetton, daños a maquinaria vial, atentados contra líneas eléctricas, incendio de dos refugios de montaña, bombas molotov contra el Consulado de Chile en Bariloche, pero estos mismos gobiernos han sido tan ineficaces en la prevención como incapaz fue la Justicia en la búsqueda de culpables.

Está demostrada, en expedientes judiciales y en las calles, la presencia de agentes de inteligencia en la investigación de los movimientos indigenistas. Y sin embargo, el año pasado hubo otro ataque incendiario a un refugio de montaña, esta vez el Jakob, sin que existiera una alerta que lo previniera. En el lugar hallaron panfletos de RAM.

Facundo Jones Huala lleva más de seis meses detenido a la espera de que la Justicia Federal diga si es correcta su extradición de Chile, donde lo esperan para juzgarlo por el incendio de una vivienda. Lo detuvieron cuando vivía en la comunidad que reclama tierras de Benetton en Chubut, donde también murió ahogado, durante un operativo de Gendarmería, Santiago Maldonado.

La trascendencia mediática de Jones Huala terminó de darles a las tres letras de la sigla una importancia que difícilmente tendría sin esta exposición.

Este tipo de violencia (la de los incendios y los atentados) es extemporánea en esta etapa social de nuestro país y sumamente peligrosa. Más allá de la relación sin sustento con la muerte de Maciel en Cipolletti (y con el asesinato del policía José Aigo en Neuquén, mencionada también en el documento), hasta ahora no hubo víctimas fatales en las acciones atribuidas a RAM, pero parece más el resultado del azar que de prevenciones deliberadas.

Por ahora, Jones Huala seguirá detenido, al menos hasta febrero. No hay en Bariloche un espacio lo suficientemente amplio y seguro para garantizar la paz en las audiencias, creen en el Juzgado Federal. Mientras tanto siguen detrás de una sala que no sea del Ejército ni de fuerzas federales.

Si el referente mapuche optara por ser juzgado en Bariloche (una opción que la ley de Cooperación Internacional en Materia Penal les otorga a los argentinos requeridos en el exterior), se les sumaría a la Justicia y la ciudad otro dolor de cabeza.

El informe elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que suscribió Gastón Pérez Estevan, está plagado de recortes periodísticos y dudosos comunicados.

Jones Huala, que lleva más de medio año detenido a la espera de que se defina su extradición a Chile, podría optar por ser juzgado en Bariloche, bajo leyes argentinas.