Policías y fiscales frente a la reforma

Panorama de río negro

En diez días el caso está resuelto”, le dijeron a Alberto Weretilneck en una reunión de gabinete, poco después del hallazgo del cadáver del policía Lucas Muñoz. Pasó más de un mes y la investigación que lleva el fiscal Martín Govetto no tiene ni un imputado. El que le habló con tanta certeza al gobernador debería ir revisando su optimismo.

Los esfuerzos del “nuevo” Superior Tribunal de Justicia por borrar los vestigios de la Justicia anterior, la de Víctor Sodero Nievas, quedaron más en evidencia que nunca con la destitución del juez penal de Viedma Juan Bernardi, al que le atribuyeron “graves problemas de conducta”.

El Consejo de la Magistratura le reprochó al juez el haber contratado para trabajar en su propiedad a una persona que cumplía una condena en suspenso en una causa en la que él mismo intervino. Y consideró además para la destitución el hecho de que el ahora exjuez, junto al condenado, llevaron a cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, a su chacra de la Ruta Provincial 1. Bernardi está procesado por corrupción de menores.

Pero la impunidad hacia la que parece marchar el crimen de Muñoz hace retroceder varios casilleros a la Justicia rionegrina en su carrera por olvidar su pasado.

No basta con que los jueces y fiscales actúen con el decoro que, según la Magistratura, le faltó a Bernardi. También deberían ser más eficaces en la investigación de los crímenes que han sacudido a la provincia, desde el doble asesinato de Río Colorado hasta la violenta muerte de Micaela Bravo en Bariloche, pasando por la triste saga de crímenes de mujeres en Cipolletti y Fernández Oro.

La reforma del Código de Procedimientos colocará, mucho más que ahora, en el centro de la investigación a los fiscales, los mismos que ahora ocupan esos puestos. Y tendrán que manejarse con los mismos policías que hoy están sumidos en una enorme crisis, con un clima de debate interno que amenaza con dañar la cadena de conducción.

La relación entre los policías y los fiscales está, si no quebrada, en frágil equilibrio. Y entre los efectivos de la fuerza provincial crece un peligroso clima de debate que se amplifica en las redes sociales y que termina siempre más o menos igual: un monocorde cuestionamiento a la designación de un civil en la Jefatura y críticas al gobierno y a los diputados, con un fuerte sesgo antidemocrático.

Por ahora, Weretilneck se mantiene firme en la designación de un civil al frente de la Policía y no toca a Mario Altuna, pero una parte de la Plana Mayor de la fuerza ya le hizo saber al gobernador su disidencia.

El asesinato de Lucas Muñoz, pero sobre todo la reacción de sus camaradas durante el período en que estuvo desaparecido, estremece pero no asombra. La Policía es la estructura menos democrática del Estado y ni siquiera ha mantenido la disciplina que requiere un cuerpo armado.

En este clima debe ponerse en funcionamiento el año que viene la Agencia de Investigaciones Penales, que dependerá de los fiscales y reemplazará a los policías en la investigación de los delitos.

Esta “policía judicial” recibirá órdenes de los fiscales “sin perjuicio de la dependencia administrativa que les corresponda”.

El fiscal Martín Lozada consideró hace pocas semanas en estas mismas páginas que no hay que olvidar que, “en ocasiones, los tres grandes mercados ilegales de este país han gozado de protección policial: la trata de personas para explotación sexual y laboral, la venta de autopartes de vehículos robados y el mercado de drogas”.

A su juicio el funcionamiento de esta agencia, bajo supervisión de los fiscales, podría neutralizar la creación de redes policiales de protección de delitos. Es discutible.

La ley que dispuso la reforma es clara: “La autoridad administrativa (de la que dependan los policías de la Agencia de Investigaciones) no podrá revocar, alterar o retardar una orden emitida por los fiscales o los jueces”.

Pero la necesaria reglamentación del funcionamiento de la agencia se posterga y faltan sólo seis meses para que la reforma procesal entre en vigencia.

Los esfuerzos del Superior Tribunal por cambiar la imagen de la Justicia quedaron en evidencia con la destitución del juez Juan Bernardi, en Viedma.

Pero la falta de avance en la investigación del crimen del policía Lucas Muñoz no ayuda a esa política. En seis meses entra en vigencia la reforma procesal y la “policía judicial”.

Datos

Los esfuerzos del Superior Tribunal por cambiar la imagen de la Justicia quedaron en evidencia con la destitución del juez Juan Bernardi, en Viedma.
Pero la falta de avance en la investigación del crimen del policía Lucas Muñoz no ayuda a esa política. En seis meses entra en vigencia la reforma procesal y la “policía judicial”.

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