Tiempo en contra en la política

La vinculación del gobierno del Movimiento Popular Neuquino con las comunidades mapuches se pondrá otra vez a prueba (¿será la última?) una vez que se ponga en marcha la prórroga de la ley 26160 de relevamiento territorial indígena. Existen intereses políticos y económicos como telón de fondo que siempre esconden buenas intenciones o disimulan manejos poco claros. En el debate de la prórroga que se dio en Diputados se mencionó con insistencia a Neuquén porque es la provincia que más conflictos territoriales registra.

Los números hablan por sí mismos, aunque depende de quién los difunda. Fuentes allegadas al gobierno provincial indicaron que en el 2006, cuando se aprobó la ley, había 54 comunidades y hoy son 130; en tanto que la Confederación Mapuche contó 63, de las cuales sólo 20 tienen el trámite terminado del relevamiento catastral.

La Provincia tuvo una actitud bipolar para quedar bien con la Nación y con los intereses de privados y nunca ocupó la silla que tenía asignada en los equipos interdisciplinarios. Entonces no firmó el documento que, por ejemplo, le otorga a una comunidad de Atreuco 24.000 hectáreas, de las 7.000 que tenía originalmente, para lo que tomó 4.000 de un privado y unas 10.000 de Parques Nacionales.

Claro que el conflicto se focaliza en la zona caliente de Vaca Muerta. “Cuando hay un problema, le hace un nudo y lo deja ahí, después si crece ve qué se hace”, dijo una alta fuente oficial en referencia a la actitud del ministro de Seguridad, Jorge Lara, conocido como “el mapuchólogo” entre quienes asisten con frecuencia a los despachos oficiales a trabajar o no.

Los dirigentes mapuches cuentan que se hizo un relevamiento que fue ocultado en forma deliberada porque no confirmaba su teoría sobre la posesión de tierras de los Campo Maripe.

Si la gestión de Omar Gutiérrez pretende continuar su buena relación con el gobierno de Mauricio Macri “deberá dar una muestra de querer solucionar el tema y con cierto apuro”, indicó una fuente de Cambiemos. Es que, anotó, el 1 de diciembre se hace una cumbre preparatoria del Grupo de los 20, que congrega a líderes de los países que forman el 80% de la economía mundial, a la que asistirá el presidente Mauricio Macri, y lo que menos quiere “en la vidriera del país, que será Bariloche, mostrar frente al mundo que hay conflictos indefinidos” con comunidades originarias.

Según se pudo saber, existió un pedido elíptico de la cartera de Germán Garavano para cambiar de interlocutor en el tema mapuche. Se mencionó la posibilidad de encumbrar a Juan Pablo Prezzoli en un organismo similar al de Garavano, pero como los próximos pasos de la segunda parte del gobierno de Gutiérrez sólo están en su cabeza no es posible conseguir certezas.

El manual del buen funcionario emepenista es tratar de esconder lo que se puede disimular y mostrar la generosidad oficial. En el tema mapuche lo hacen con actividades cosméticas como el apoyo económico a familias que necesitan la obtención de algún servicio o el respeto a íconos que unen la historia como en San Ignacio.

Hay dos episodios en la gestión actual que son vistos como botones de un cambio de actitud. Una es la puesta en escena de las armas y drogas secuestradas a un grupo de jóvenes que habían ocupado un campo en Tratayen que, unos días después, fue desestimado. En este caso la figura del fiscal General José Gerez quedó dañada. En este caso fue la comunidad Futa Trayen la demandada.

El otro fue la vuelta atrás que hubo con la ciudad turística que el gobierno de Jorge Sapag había planificado en el istmo de los lagos Mari Menuco y Los Barreales en más de 700 hectáreas. Como los Kaxipayiñ y Painemil reclamaban su pertenencia, el conflicto se dilató sin razón y el gobierno resolvió mudarlo a El Chocón.

Las condiciones de la nueva ley y el gobierno plebiscitado de Macri adelantaron el reloj de las definiciones.

La aplicación del relevamiento indígena planteará un punto de discordia entre el gobierno de Cambiemos y el del MPN que deberá rendir examen.

Según quién las cuente, hay más o menos comunidades que las 54 originales de hace once años, cuando se inició el reconocimiento de tierras.