Apurados sin razón

La clase política argentina, independientemente de su signo, sigue dando muestras de poca vocación para someterse a controles institucionales y rendir cuentas por sus acciones en el gobierno.

Tras más de ocho años de espera, el Congreso decidió finalmente cubrir la acefalía de la Defensoría del Pueblo nacional, aunque de manera apresurada y privilegiando acuerdos políticos de corto plazo, lo que generó inmediatas críticas de diversos partidos y organizaciones ciudadanas.

Los defensores del pueblo son una institución importada del derecho europeo, denominada “ombudsman”, cuyo objetivo en las monarquías era presentar ante la corona las quejas de la “plebe” por abusos de sus funcionarios. En nuestras repúblicas adoptó la forma de un cargo no oficial que representa los reclamos de los ciudadanos frente al Estado y a los privados que prestan servicios públicos, quienes ya sea porque viven en lugares alejados o carecen de recursos o información no acceden a los mecanismos judiciales o administrativos regulares, por lo que sus problemas quedan “invisibilizados” ante el poder.

La semana pasada, la Comisión Bicameral encargada de designar al defensor del pueblo finalmente presentó una terna de candidatos que integran Alejandro Amor (defensor del pueblo porteño), Humberto Roggero (exdiputado peronista) y Jorge Sarghini (diputado del Frente Renovador liderado por Sergio Massa).

Más allá de que todos los nombrados cumplen con los requisitos para aspirar al cargo (ser argentino y mayor de 30 años) y que el procedimiento cumple con las exigencias legales (ser propuestos por la Comisión Bicameral y tener los 2/3 de los miembros de ambas cámaras), varias organizaciones se quejaron porque, después de una reticencia que viene desde 2009, la propuesta se definió de apuro con un acuerdo político entre los bloques, sin mayor debate público ni participación de organizaciones por fuera de los partidos políticos representados en el Congreso.

Por este motivo, al menos 13 asociaciones preocupadas por las cuestiones públicas y derechos humanos (como ADC, Cels, Poder Ciudadano, Cippec, entre otras), que vienen exigiendo al menos desde 2013 que se cubra la vacante en el cargo, reclamaron que se realice un proceso más transparente y participativo. Concretamente, que se apliquen los Principios de París, definidos por la ONU, que establecen estándares mínimos para la designación: que se defina detalladamente el perfil deseado para el defensor, que haya una publicidad y difusión de los antecedentes de los postulantes, que se permitan impugnaciones y avales, que se realicen audiencias públicas y se publiquen las evaluaciones sobre los méritos de los distintos candidatos.

Casi ninguno de estos criterios fueron aplicados en el proceso actual, donde los candidatos tienen reconocida filiación partidaria y fueron propuestos con criterios más relacionados con las futuras negociaciones en el Congreso para aprobar diversas leyes y realineamientos políticos tras el cambio de fuerzas luego de las últimas legislativas que con la idoneidad para cubrir el cargo.

La polémica para las designaciones de este cargo no son exclusivas del nivel nacional. En Neuquén lleva más de diez años demorado el proceso de designación del defensor del pueblo provincial, establecido por ley, ya que el oficialismo del MPN no ha podido consensuar con la oposición sobre la integración y alcances de esta función. En Río Negro, si bien el proceso de elección de Adriana Santagati fue más abierto, su designación no estuvo exenta de críticas por ser la esposa del gremialista de UPCN, Juan Carlos Scalesi, de buena relación con el gobierno provincial. Habrá que ver su accionar cuando deba abordar cuestiones que incomoden al Ejecutivo.

Es necesario rever el sistema de designación para este cargo. El defensor del pueblo debiera ser alguien de gran capacidad técnica y moral, independencia partidaria y actividad probada en la defensa de derechos, ya que representará a los sectores más postergados e ignorados por las estructuras del poder. De otro modo, sólo será alimentar otro organismo burocrático, refugio de dirigentes sin cargo y moneda de cambio de acuerdos partidarios definidos tras bambalinas.