Armas ilegales, una epidemia con escaso control

Editorial

No hay una semana en que este diario no informe acerca de una muerte, un tiroteo o un juicio relacionado con agresiones con armas en alguna ciudad de la región, muchas de las cuales provienen de un circuito ilegal que crece con escaso control en todo el país.

Si se examina el patrón de agresiones, no hay mucha diferencia con lo que ocurre en otras ciudades del país. El 80% de los muertos por armas de fuego son hombres muy jóvenes, de los sectores más pobres de los principales centros urbanos, y el 75% de los homicidios con armas ocurre por conflictos interpersonales, violencia familiar o disputas territoriales ligadas al delito.

El último informe del Ministerio de Salud, publicado en el 2015, señala que en el 2014 murieron en todo el país 2.981 personas por armas de fuego, 8 por día. El informe “Estadísticas Vitales, información básica año 2014” revela que entre los jóvenes es la segunda causa de muerte por causas externas, sólo superada por los accidentes de tránsito.

Según expertos, la proliferación de armamento en algunas villas y barrios populares de las principales ciudades del país y la región tiene relación con la expansión de las redes de microtráfico de drogas. El narcotráfico necesita del “control territorial” que ejercen pequeñas bandas al servicio de los “mayoristas”, que a menudo entran en conflicto por una parte del negocio en barrios abandonados por el Estado. Esto ha creado una verdadera “cultura tumbera” donde la ostentación y la compraventa de armas se evidencia en las redes sociales, como se vio en Neuquén.

Esta verdadera epidemia de muertes evitables se ve agravada por los problemas en el control de la circulación de armas ilegales. Como suele suceder en nuestro país, más que falta de legislación, el problema son los escasos controles y fallas de los organismos encargados de aplicarlas.

El gobierno estima que hay registradas entre 1.500.000 y 2.000.000 de armas y una cantidad similar en el mercado ilegal. De los usuarios legales, casi la mitad tiene los permisos de tenencia vencidos, según un estudio realizado por las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex-Renar). Y en el caso de las clandestinas, la mayoría proviene del sistema legal.

Es en estos agujeros de control donde parece haberse enfocado el nuevo gobierno. La Secretaría de Seguridad lanzó este mes un “programa integral de gestión de arsenales y trazabilidad de armas y municiones”. Con este título un tanto rimbombante, señaló que el objetivo es “minimizar el robo, desvío y pérdida” de elementos pertenecientes a las fuerzas policiales y de seguridad, cuyos arsenales parecen haberse convertido en un verdadero coladero que alimenta el poder de fuego de las bandas delictivas. Los robos de pistolas y rifles de asalto en Campo de Mayo, el de municiones en la fábrica de Fray Luis Beltrán de Santa Fe y de un misil antitanque de una dependencia de Fabricaciones Militares en La Plata el año pasado son apenas una muestra. Armas decomisadas por las fuerzas de seguridad aparecieron luego implicadas en robos y tiroteos en Buenos Aires y Santa Fe, donde incluso eran “alquiladas” por bandas integradas por civiles y exagentes de Policía.

En los últimos meses han habido avances. Después de casi 10 años de reclamos de diversas organizaciones, el Congreso logró vencer la resistencia del gobierno de Cristina Fernández y en octubre del 2015 aprobó la creación de la Anmac, que jerarquizó el organismo al cambiar de simple registro a agencia de control y modificó el sistema de administración financiera, que hasta el 2015 dependía de los pagos de los usuarios, administrado por los fabricantes y comerciantes de armas a los que debía controlar. Sin embargo, el nuevo Legislativo también ha demorado la sanción de la ley que renueva el Plan Nacional de Desarme, que entre 2007 y 2015 logró recuperar 300.000 armas mediante incentivos económicos, aunque unas 20.000 de este total no se sabe dónde están, por falta de registro. Una nueva ley que busca mejorar el proceso fue aprobada por el Senado, pero aun resta el aval de Diputados, por lo que plan está suspendido. Es de esperar que tanto el Ejecutivo como el Legislativo aceleren los planes de control y recupero de armas ilegales, además de generar políticas de gestión de los conflictos que provocan la muerte evitable de ocho argentinos cada día.