Belindia en Salud Mental

En los años 70, el economista brasileño Edmar Lisboa Bacha acuñó el término “Belindia” para describir las enormes desigualdades sociales de su país en plena dictadura. El juego de palabras pretendía destacar que, mientras una minoría vivía en condiciones similares a Bélgica, la gran mayoría sufría la pobreza en términos parecidos a las castas inferiores de la India.

Un paralelo similar podría trazarse con algunas legislaciones aprobadas en Río Negro. Normas de avanzada que parecen propias de los países socialdemócratas nórdicos, pero que conviven con escuálidos presupuestos y herramientas de aplicación propias del peor subdesarrollo.

Uno de los mejores ejemplos podría ser la todavía vigente ley 2440 de Salud Mental de Río Negro, conocida como la “ley de desmanicomialización”, que cumplirá 25 años de vigencia en el 2017. Su formulación, durante el gobierno del radical Horacio Massaccesi, tuvo como referencia las normas europeas más avanzadas de la época y buscaba cambiar el paradigma desde el cual se gestionaba la salud mental, enfatizando en los derechos de los pacientes con “sufrimiento mental” (se evitó hablar de enfermedad). Entre otros aspectos, prohíbe el funcionamiento de manicomios, neuropsiquiátricos o equivalentes. Además concibe a la internación como “último recurso terapéutico, y luego del agotamiento de todas las formas y posibilidades terapéuticas previas”.

Sin embargo, como reconocen los propios operadores, a poco de andar el sistema mostró serias falencias y limitaciones. En medio de la crisis fiscal de un gobierno que a duras penas podía pagar sueldos, nunca se logró una financiación adecuada a la magnitud del cambio que planteaba la norma. Equipos multidisciplinarios que nunca se consolidaron, falta de equipamiento y adecuación edilicia en los hospitales, además de la escasa coordinación con áreas como Educación, Desarrollo Social y la Justicia dejaron la iniciativa a medio camino y dependiendo de la voluntad de los precarizados profesionales y trabajadores del sector Salud. En muchos casos, la ley fue una excusa para desmantelar servicios y ahorrar dinero, dejando a los pacientes de salud mental de menores recursos, y a sus familias, librados a su suerte. Porque la norma no logró impedir el desarrollo de establecimientos privados para internar a pacientes que, por alteraciones mentales graves producto de adicciones o por ser considerados por la Justicia peligrosos para sí mismos o terceros, necesitaran de la medida. Otra solución fue derivar pacientes a otras provincias.

De este modo quedaron establecidos dos regímenes: uno para quienes tienen recursos y otro al que deben resignarse quienes dependen de la salud pública.

El caso más reciente difundido esta semana en General Roca grafica la situación: más de 500 pacientes ambulatorios de Salud Mental del hospital local, uno de los de mayor complejidad de la provincia, están siendo atendidos por un solo psiquiatra, lo que obligó a declarar en “emergencia” el servicio. En noviembre, el sector de Salud Mental del hospital de Bariloche manifestó preocupaciones muy similares: falta de personal y equipos técnicos, precarización del servicio, etc.

En medio de la polémica, el oficialismo presentó en la Legislatura un proyecto para derogar la norma actual y adherir a la ley nacional 26675, que se considera superadora, ya que, si bien mantiene el espíritu de respeto de derechos y capacidades de las personas, toma en cuenta aspectos como las adicciones y la creación de un órgano en concreto de aplicación.

Es de esperar que el cambio no pase sólo por adherir a una norma, por muy buena que sea, sino por una reforma integral del sistema de Salud Mental, con financiamiento e infraestructura para brindar un servicio de calidad adecuado a las necesidades concretas de la población. De otra manera se seguirá castigando doblemente a sectores que, además de su postergación económica y social, sufren la escasa o nula atención a sus problemas psicológicos o psiquiátricos, dejando a familias enteras en estado de indefensión.