El fracaso de la política

Un gobierno en minoría legislativa pero fortalecido tras las últimas elecciones parlamentarias busca acelerar en el Congreso reformas que estima indispensables para su plan económico. En frente, una oposición fragmentada con un sector intransigente que busca torpedear cualquier iniciativa. Un proyecto de ley que afecta a sectores históricamente vulnerables de la sociedad llega al recinto para su debate. Hasta ahí, un escenario conflictivo que un sistema político democrático debiera poder procesar pacíficamente. Sin embargo, nuestro país terminó en un día de furia, con violencia y heridos en las calles, gritos y tumultos en el Parlamento y el levantamiento de la sesión, con una inesperada derrota política del oficialismo, que ahora busca retomar la iniciativa.

El eje del conflicto es el cambio en el método por el cual se actualizarán las jubilaciones y beneficios sociales como la AUH. La fórmula actual combina la recaudación de la Anses y la evolución de los salarios. El gobierno de Cambiemos propone un cálculo basado parte en la evolución de la inflación y parte en la evolución de salarios, que en teoría resuelve mejor la situación. El problema es que en el “empalme” de metodologías se retrasa la consideración de un trimestre, lo que genera un ahorro fiscal multimillonario a costa de una menor actualización de haberes en la primera mitad del año. Los recursos se usarán para financiar el pacto fiscal entre Nación y gobernadores de 23 provincias.

Sin embargo, nada de eso se debatió el jueves en el Congreso. El proyecto, que pasó por el Senado sin sobresaltos, se empantanó en Diputados, donde el vínculo de los legisladores con los gobernadores es más débil y operó con fuerza la puja de poder interna del peronismo. Ya el martes, la reunión de comisiones previa al plenario terminó a gritos y puñetazos. El análisis del proyecto, con eje en el ajuste a las jubilaciones, aumentó las críticas en los medios, por lo que el gobierno, acortando el debate, decidió acelerar la votación para el jueves y “blindó” el Congreso con 3.000 gendarmes y policías ante las anunciadas manifestaciones. Todo terminó en un caos: la movilización fue manejada por los sectores más violentos de la oposición y el operativo de seguridad no sólo fracasó en contener, sino que retroalimentó la violencia. En el recinto, el kirchnerismo y la izquierda, en medio de actitudes más propias de barras de fútbol que de legisladores, consiguieron su objetivo: impedir que sesione el Parlamento, donde eran minoría.

Ahora el gobierno enfrenta un duro desafío. Está ante una crisis política porque peligra el proyecto más relevante para su credibilidad económica: los inversores lo consideran clave para el cumplimiento de la meta fiscal en el 2018. La “liga de gobernadores” con la que pactó demostró ser un volátil grupo de intereses difusos, lealtades variables y reclamos infinitos. Además, evidenció grietas en su propia coalición: no logró articular una estrategia eficaz en el recinto y una aliada como Elisa Carrió terminó definiendo tanto el levantamiento de la sesión como la “compensación” en efectivo que ahora se ofrece a los jubilados para salvar la iniciativa. Con buen tino, parece haber descartado la vía del decreto de necesidad y urgencia, de dudosa constitucionalidad y un ejercicio del hiperpresidencialismo extremo que Macri prometió que había venido a cambiar. El gobierno deberá ahora manejarse con inteligencia, paciencia y sensibilidad para negociar con la oposición moderada. También explicar y convencer a la sociedad de que su proyecto no es otro “manotazo” a sectores indefensos para financiar la clase política. De otro modo, puede quedar entrampado en la lógica de ciertos sectores que no respetan las reglas mínimas de convivencia y creen que cualquier método, incluyendo la violencia, está justificado cuando la supuesta superioridad de sus fines así lo requiere. El jueves quedaron convencidos de que apelando a “la calle” pueden torcerle el brazo al gobierno y se sienten fortalecidos. En medio del triste espectáculo que brindó toda la clase política el jueves, será el gobierno el principal responsable de mantener la paz y la institucionalidad del próximo debate.