El permiso ciudadano

Los intensos debates sobre la malograda iniciativa de instalar una central nuclear en la provincia y acerca de la ampliación de la Ruta 22 en Río Negro actualizaron en el vocabulario político un concepto cada vez más utilizado a nivel mundial: la licencia social.

El concepto tiene su origen en formulaciones de la ONU para referirse al aval de comunidades indígenas a determinados proyectos. Hoy está generalizada para definir la sustentabilidad ambiental y social de grandes emprendimientos que requieren del consentimiento previo, libre, informado y continuo de la comunidad local para proyectos de tipo privado, como la minería, la agricultura a gran escala, industriales o de interés público, como grandes autopistas, represas hidroeléctricas o una central térmica nuclear.

El concepto nació ligado a ordenamientos jurídicos de tipo anglosajón, que a menudo integran aspectos del derecho consuetudinario, de tradición comunitaria. Sin embargo, ha enfrentado más trabas en los sistemas legales como los latinoamericanos, donde rigen los principios del derecho positivo y la idea del permiso está más ligada a una concesión de la autoridad que al aval de las comunidades. Por eso, a menudo las empresas y estados lo ven como un trámite formal o secundario y se aborda cuando la situación ha escalado a un nivel de conflicto que amenaza el proyecto. Entre los requisitos de la “licencia social” figuran que el autor del proyecto informe en forma abierta y honesta sobre sus operaciones en la comunidad, brinde toda la información requerida por éstas sobre sus alcances con elementos técnicos, que los ciudadanos tengan oportunidad de participar en las decisiones que los afectan y que el proyecto incluya como meta el desarrollo sustentable local, previendo impactos ambientales, sociales y económicos.

Todos estos elementos se vieron en juego con el plan para instalar una central nuclear en Río Negro, que el viernes fue clausurado definitivamente por ley, al menos en lo que respecta a la iniciativa financiada por China, ya que un artículo dejó abierta la posibilidad de reconsiderar el tema para proyectos de otro tipo como el Carem de Invap, que son reactores multipropósito de baja potencia, distintos a la propuesta china.

El uso de la energía nuclear está en intenso debate en todo el mundo, especialmente después del desastre de Fukushima en Japón (2012), y hay argumentos fuertes tanto a favor como en contra de su uso. Pero incluso quienes defienden su desarrollo cuestionan la estrategia de las autoridades rionegrinas en el tema, por la carencia de información clara y estrategias participativas previas a los anuncios para canalizar dudas y temores naturales en emprendimientos de este tipo, que llevan años de debate. La idea de tener que aceptar o no en pocos meses un paquete cerrado “llave en mano” de origen extranjero alentó sospechas y actitudes de rechazo en bloque. Cuando se intentó informar y apelar a la “participación” fue en forma tardía e insuficiente.

En el caso de la Ruta 22, el tema no es el qué sino el cómo. Hay consenso en la necesidad de ampliar una vía colapsada desde hace décadas y culpable de la pérdida de cientos de vidas. Nuevamente, un plan que se inició en los 90 y tomó forma definitiva en el 2004 recién adoptó formas participativas más de diez años después, cuando fueron evidentes los problemas de diseño que afectaban no sólo temas estéticos sino económicos y ambientales que afectan a miles. La audiencia en Roca, aunque tardía, fue un avance. Es de esperar que las críticas, inquietudes y sugerencias sean canalizadas en un diálogo político sin especulaciones partidarias mezquinas, que permitan concretar un proyecto sustentable sin más dilaciones.

En iniciativas futuras de este tipo, el aspecto participativo ciudadano debería ser previo y durante el proceso de toma de decisiones. Y en un país que concurre a las urnas cada año y medio no suena descabellado (como ocurre en EE. UU. por temas como tenencia de armas, drogas, aborto, etc.) someter los proyectos más polémicos a la consulta popular directa, un sistema habilitado por la constitución nacional y las provinciales, que permitirían en una campaña un debate más profundo y ordenado.


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