Evaluación resistida

Editorial

El gobierno nacional culmina por estos días el operativo Aprender, un sistema de evaluación nacional y encuesta que pretende ser una radiografía actualizada de la situación educativa en la mayoría de las escuelas del país. En nuestra región se cumplió parcialmente: en Neuquén el gobierno estimó que participó el 65% de los estudiantes y espera completarlo en breve, mientras que en Río Negro fue suspendida hasta los primeros días de esta semana, debido a que el paro docente por reclamos salariales ocurrió en los días previstos para aplicar la prueba.

La implementación del instrumento diseñado por el Ministerio de Educación para evaluar a alumnos de sexto grado y quinto año (y en algunos casos de tercer grado y segundo/tercer año) levantó una inesperada polémica. Gremios docentes, centros de estudiantes y agrupaciones políticas kirchneristas y de izquierda boicotearon la iniciativa en las escuelas. Paros, negativas a responder, filtraciones de las preguntas, tachaduras y rotura de formularios formaron parte del repertorio. Según el ministerio no fue muy efectiva, ya que cerca del 85% de la comunidad educativa del país participó, y con pruebas complementarias como las de Río Negro y Neuquén superaría el 95%.

Desde los opositores al test los argumentos fueron variados. Entre los principales, que ni docentes ni alumnos participaron de su elaboración, que el sistema estandarizado de respuestas cerradas no tomaba en cuenta el “contexto social” del alumno y la escuela en el proceso educativo, la supuesta intención de elaborar “rankings” de establecimientos para direccionar fondos a las mejor calificadas, de “estigmatizar” a la enseñanza pública y de clasificar a docentes en base a su “productividad”.

Los temores parecen infundados, ya que la ley nacional de Educación protege el secreto estadístico por escuela de modo que sólo se publicarán resultados por municipio y provincia, mientras que el estatuto docente impide que a los maestros se les pague por resultados. Estas objeciones parecieran más relacionadas con un prejuicio negativo sobre las intenciones del gobierno por parte de gremios y agrupaciones políticas que de riesgos concretos. De hecho, la aplicación de las pruebas PISA y ONE durante el kirchnerismo, de formato muy similar, no desataron semejante batalla discursiva.

La evaluación, anónima, está diseñada para medir habilidades adquiridas en Matemáticas y Lengua y conocimientos de ciencias sociales en alumnos de secundaria, además del contexto socioeconómico y cultural en el que estudian niños y adolescentes.

Está claro que una serie de preguntas estandarizadas no abarcará jamás la complejidad del proceso educativo, pero ello ocurre con la mayoría de los instrumentos de medición de cualquier proceso social. El índice de precios del Indec nunca abarcará en forma total el fenómeno de la inflación, como tampoco la Encuesta Permanente de Hogares puede dar cuenta a cabalidad de fenómenos multidimensionales como la pobreza, la indigencia o la situación de marginalidad.

Sin embargo, estas “fotos” estadísticas son piezas clave para que cualquier gobierno cuente con la mejor información posible para establecer objetivos y evaluar cumplimiento de metas de las políticas públicas. Y la resistencia a su aplicación pareciera tener más que ver con una actitud paranoica y esquiva para afrontar la realidad de estancamiento que vive nuestro sistema educativo que con preocupaciones reales. Por otra parte, el alcance de la prueba brinda una oportunidad de tener un panorama nacional del sistema, ya que a menudo políticas educativas nacionales se diseñan en base a estudios limitados a pocos casos de Capital y Gran Buenos Aires.

Por eso, deben tomarse los resultados del Aprender como un instrumento más, pero al mismo tiempo clave, para la planificación y gestión de los procesos de enseñanza, alejándose de miradas estereotipadas y basadas en cierto empirismo que favorecen medidas tomadas “a ojo de buen cubero” que no favorecen a la educación de nuestros chicos.