Hora de concretar

La presentación que hizo el martes Vialidad Nacional sobre el proyecto final de ampliación y la confirmación de la audiencia pública en Roca para fines de agosto agitaron el debate sobre el futuro de la Ruta 22, la principal vía de comunicación del Alto Valle de Río Negro y Neuquén con el resto del país.

Esta vía clave, que conecta decenas de localidades en cuatro provincias entre las cabeceras Bahía Blanca y Zapala, se terminó de asfaltar en la década del 60, al calor de las políticas desarrollistas que la consideraron un factor clave, junto al ferrocarril, para el despegue económico y poblacional de la Patagonia norte y el sur bonaerense.

Después de décadas de uso intensivo y de un explosivo crecimiento del parque automotor, ya hacia fines de los 80 quedaba en evidencia la necesidad de ampliarla y mejorar su conectividad con los centros urbanos y otras vías complementarias de comunicación. Sin embargo, hubo que esperar hasta el 2004 para que se concretara un proyecto de transformación en una autovía que responda a la realidad de la vida moderna en las ciudades de la región y las necesidades de las principales actividades económicas como la fruticultura, el turismo o la explotación petrolera.

Sin embargo, las ilusiones que despertó la respuesta del entonces presidente Néstor Kirchner a la demanda de 12 intendentes y los gobiernos de Río Negro y Neuquén se fueron diluyendo en varios proyectos polémicos, debates sobre la traza más adecuada de la nueva autovía, los problemas de financiamiento de las obras, las demoras y abandono de tareas en medio de reclamos por falta de pago y pedidos de ampliación presupuestaria debido a la inflación, además de las denuncias de presuntos sobreprecios y corrupción.

Los sucesivos cambios de administración en las provincias y municipios tampoco ayudaron a un avance del proyecto, ya que cada gobierno pretendió obtener distintos beneficios o condiciones para las obras.

Fue así que, sobre todo a partir del 2007, en varios tramos entre Cipolletti y Regina la ruta en obra se fue poblando de precarios y peligrosos tambores, desvíos e interminables movimientos de suelo, que no sólo no mostraban avances sustanciales sino que además complicaron el ya difícil tránsito de la ruta.

Recién en el 2011 se habilitó el primer tramo de la obra, que en el 2012 se transformó en una autovía con cruces elevados en algunas localidades y prometía solucionar los problemas de tránsito durante al menos 30 años. Sin embargo, las polémicas con los municipios, sobre todo el de Roca, sobre el impacto ambiental y urbanístico de las obras no cedió y volvió a generar postergaciones. El kirchnerismo dejó el poder sin concretar su promesa.

El nuevo gobierno de Mauricio Macri promete ahora finalizar la obra y presentó un plan de inversión por 7.800 millones de pesos, para una autopista entre las localidades de Godoy y Arroyito, además de una “ruta segura” y moderna desde Bahía Blanca hasta la entrada al Alto Valle. Pero la nueva propuesta deberá sortear aún críticas y cuestionamientos que seguramente aflorarán en la audiencia del 31 de agosto en Roca. Los principales siguen siendo las elevaciones y los pasos a nivel en el trazado urbano de la ruta. Muchas localidades temen perder el turismo ocasional y el consumo de oportunidad en los comercios ubicados a la vera de la ruta, aunque en realidad no hay estudios serios que les pongan una cifra concreta a las supuestas pérdidas que generarían estas obras.

Está claro que no existe una alternativa que deje conforme al 100% de los afectados por las obras. Mientras las discusiones se eternizan, cada año de esta década se han perdido decenas de vidas en accidentes que, si bien se producen en su mayoría por factores humanos, ocurren en una ruta deteriorada y saturada que alienta conductas temerarias y no perdona el error.

Sería deseable que en esta etapa que se abre predomine la voluntad de consenso en las autoridades de todos los niveles del Estado por sobre el cálculo político de corto plazo, para poder finalizar una obra vital para la economía y, sobre todo, para preservar y mejorar la calidad de vida de miles de habitantes de la zona.