Inseguridad hospitalaria

Editorial

Los trabajadores estatales del hospital de Roca reiteraron la semana pasada sus reclamos de mayor seguridad para desarrollar sus tareas, luego de que las medidas prometidas después de algunas agresiones sufridas por médicos y enfermeros tuvieran resultados parciales o negativos.

La situación de los trabajadores de la salud en los hospitales públicos de todo el país es en general preocupante. Hace unos días, en Capital Federal se realizó un paro en reclamo de mayor seguridad tras una serie de agresiones sufridas en el hospital Fernández. En Córdoba, un informe del Consejo de Médicos reveló que al menos 35 profesionales fueron agredidos en el último año mientras desempeñaban su trabajo. El estudio revela que los insultos fueron la forma más común, con el 36% de los casos. Le siguieron las amenazas (34%), las difamaciones (16%) y la violencia física (14%). En general, las razones de las agresiones tuvieron más que ver con la falta de cumplimiento de expectativas de los pacientes por parte del hospital o la clínica (información, provisión de medicamentos, demoras en atención, falta de turnos, etc.) que con la tarea de los profesionales.

Mendoza aprobó recientemente una ley que agrava sanciones a quienes agreden a médicos y docentes en ámbitos públicos, mientras Corrientes puso en marcha un programa especial de seguridad hospitalaria tras varios casos de agresiones físicas a trabajadores de la salud pública.

En nuestra región no existen datos fidedignos, pero el reclamo de seguridad es una constante en las asambleas de trabajadores hospitalarios de varias ciudades. A las agresiones verbales y físicas por demandas insatisfechas (como la “demora” de atención “urgente”, por ejemplo) se suman, especialmente durante las guardias nocturnas, situaciones tensas como pacientes alcoholizados o bajo efecto de otra adicción, víctimas de agresiones que continúan sus peleas y amenazas dentro del hospital y los extienden a enfermeros y doctores y hechos delictivos como robos o asaltos.

En Roca, por ejemplo, hubo en abril reuniones con autoridades de Salud luego de un episodio de agresiones a un doctor en el área de Traumatología, que fue el último de una cadena de amenazas y agresiones sufridas por otros profesionales de consultorios externos. Desde el Ministerio de Salud prometieron medidas, que hasta el momento se limitaron a reforzar con un policía la custodia de los consultorios hasta las 20. A partir de ese horario sigue el único policía presente en la guardia general para toda seguridad. Además, se prometió custodia a las ambulancias que acuden a lugares conflictivos, luego de otro episodio de amenazas en Cervantes. Según los trabajadores, la situación no ha mejorado demasiado. Con un agravante: este tipo de hechos suele culminar sin que nadie se haga responsable ni pague por los daños causados.

Es verdad que estas situaciones se producen en el marco de una intolerancia generalizada, escasa capacidad de diálogo y mayor agresividad de las personas en situaciones de conflicto. No en vano este medio ha difundido agresiones físicas que se producen luego de incidentes de tránsito, como golpes de puño, ataques con elementos como cadenas o incluso apuñalamientos por parte de enfurecidos conductores o acompañantes.

Solucionar el problema de la violencia cotidiana requerirá de esfuerzos estructurales que superarían la instancia de medidas desde la salud. Sin embargo, mientras la sociedad encuentra salidas para generar instancias de mediación y diálogo, sería esperable que desde el gobierno rionegrino mejoren las condiciones concretas de seguridad hospitalaria, con tareas de prevención que formen parte de un plan específico, como una mejor diagramación de las custodias policiales o de seguridad privada en los servicios, implementación de cámaras u otros dispositivos de seguridad y sanciones específicas para casos de agresiones al personal, para que entre la actual agresividad de la calle y el personal de guardia exista al menos alguna contención.