Jueces y ciudadanos

Editorial

Dos episodios recientes en nuestra región volvieron a poner en el tapete las prerrogativas que tienen los jueces ante una investigación y lo borroso que es el límite entre la protección de sus fueros y tener privilegios inaceptables cuando incurren en actitudes reñidas con la ética y la ley.

En el primer caso, un juez penal de Viedma fue separado de su cargo mediante un juri de enjuiciamiento después de ser denunciado en un caso de supuesta corrupción de menores en riesgo bajo tutela del Estado. Ahora deberá enfrentar como ciudadano de a pie un proceso penal. En el segundo, un magistrado neuquino fue detenido por la policía tras embestir a otro auto y retirarse del lugar, negándose luego a realizar el test de alcoholemia. El juez denunciado pidió licencia y afronta, además del retiro del carnet y una multa, tres pedidos de juri ante el Tribunal Superior neuquino por actitudes incompatibles con el cargo.

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, los jueces gozan de ciertas prerrogativas pensadas para proteger su independencia y libertad de acción. Entre ellas: la “intangibilidad” de su salario, que no puede ser disminuido por otro poder; la inamovilidad en el cargo, es decir que sólo pueden ser removidos por juicio político o juri de enjuiciamiento por causas como mal desempeño, indignidad en el cargo o desconocimiento grave del derecho; y la inmunidad procesal, es decir que mientras dura su investidura no pueden ser procesados ni privados de su libertad, salvo delito flagrante.

Para el constitucionalista y sociólogo Roberto Gargarella, nuestra Constitución, inspirada en buena medida en el ejemplo estadounidense, asumió un principio de los “padres fundadores” del constitucionalismo americano: la deliberada separación entre ciudadanos y jueces, ante el temor de que los magistrados actuaran indebidamente, influenciados por las pasiones mayoritarias expresadas en las legislaturas que derivaran en abusos sobre las minorías. En el sistema de “frenos y contrapesos”, los jueces no son elegidos y removidos directamente por el pueblo, como forma de guardar una distancia necesaria para cumplir su función. Sin embargo, para el académico, ese sistema de “separación” ha derivado, especialmente en nuestro país hiperpresidencialista, en un Poder Judicial que ha quedado “demasiado lejos del pueblo y demasiado cerca del poder (político, económico). De allí que nos encontremos frecuentemente con fallos ‘insensibles’ a las necesidades de los menos poderosos y demasiado ‘sensibles’ a los de los más poderosos”, señala. Mecanismos irregulares de designación y remoción como la subrogancia, “han generado jueces que piensan menos en lo que dice el derecho y más en lo que piensa el poder de turno, que se someten o tratan todo el tiempo de pasar desapercibidos, para preservar sus propios privilegios”, señala.

El ejemplo de estas cercanías entre jueces y poder político quedó en evidencia esta semana con declaraciones de dos magistrados, uno de ellos ya jubilado, de accionar muy cuestionado en el fuero federal: María Servini de Cubría y Norberto Oyarbide. Ambos magistrados, en aras de justificar su accionar, admitieron que es una práctica común que desde el Ejecutivo se vaya a “tocar la puerta” o “recibir visitas inesperadas en los despachos” para presionar sobre determinadas causas que interesan al poder, especialmente en hechos de corrupción.

La idea de inmunidad ante las presiones parece así haber mutado en privilegios más propios de una elite que se cree ajena al ordenamiento que rige para el resto de los ciudadanos. Lo muestra el largo debate acerca de si los jueces deben o no pagar el impuesto a las Ganancias. En una audiencia reciente de la Corte con funcionarios judiciales de todo el país para evaluar la posibilidad de aplicar el tributo recibió el rechazo casi unánime, escudándose en la “intangibilidad” de haberes. El máximo tribunal fue cuestionado por una reciente resolución presidencial que, en medio del dabte sobre la suba de tarifas, les otorgó a los jueces del cuerpo la posibilidad de volar gratis en primera clase de Aerolíneas.

Por ello, si bien los casos recientes en la región son alentadores en cuanto a la posibilidad de evaluar públicamente el accionar de algunos jueces, parecen ser más la excepción que la regla y todavía queda mucho camino por andar para lograr un sistema judicial que responda al interés general y tener, sin perder independencia, un vínculo más cercano entre los servidores públicos y los ciudadanos.