La casa propia, el sueño que sigue lejano para millones

Editorial

El creciente déficit habitacional y problemas relacionados con el hábitat en el país y nuestra región han experimentado nuevos retrocesos en los últimos años, sin que avizoren hasta el momento políticas públicas integrales que tiendan a revertir el problema.

Un informe de este diario señaló que serios problemas de vivienda afectan hoy a más de 70.000 familias neuquinas. Por diversas razones no pueden acceder al crédito privado u oficial y tampoco tienen respuestas del sistema público de vivienda, que desde el 2009 acumula casi 30.000 solicitudes y ha logrado construir apenas 5.600 casas. En Río Negro serían casi 50.000 los hogares que necesitan de atención urgente de la política habitacional del Estado.

La realidad regional no está muy distante de las tendencias nacionales, donde se estima que el déficit habitacional afecta a unos 3,5 millones de hogares, un 24% de la población.

Esta problemática realidad se ha mantenido en nuestro país casi sin cambios en las últimas tres décadas, donde 60.000 nuevos hogares se suman cada año al problema de la carencia de un hábitat digno. De hecho, entre el 2001 y el 2010 la cantidad de propietarios disminuyó del 70 al 67% y la de inquilinos subió de 11,1 al 16,1%, mientras han bajado los porcentajes de población con acceso a redes de gas, cloacas y servicios como pavimento y transporte público. Unas 533.000 familias de todo el país viven en villas o asentamientos, según datos extraoficiales.

El principal inconveniente ha sido la crónica falta de acceso de amplios sectores, incluyendo a la clase media, al crédito a largo plazo para nuevas viviendas o mejoras habitacionales. El crédito hipotecario perdió participación en el PBI, pasando de un 3,4% en el 2003 a 1,2% en la actualidad, mientras en países vecinos, como Brasil o Perú, llega al 4% y en otros como Panamá y Chile está cerca del 20%. Esto está asociado a décadas de elevada inflación, inestabilidad económica y escasa intervención pública en el sector. A eso se suma la creciente valorización de propiedades, caída de ingresos y otros factores. En los 90 se necesitaban cinco años de salarios para comprar una vivienda, hoy se requieren más de trece años de ingresos. El hecho de que casi un tercio de la fuerza laboral permanezca en la informalidad también conspira contra una mejora. Con buena parte de la población pagando elevados alquileres y ganando lo justo para sobrevivir, a menudo en negro, es difícil encontrar sistemas de ahorro para una casa.

Distintas medidas oficiales no lograron revertir la tendencia. Los planes tradicionales se revelaron insuficientes, con manejos discrecionales, baja calidad de viviendas, alejados de las realidades locales y denuncias de corrupción, además de bajísimas tasas de recupero.

El más reciente, el Procrear, intentó facilitar el acceso a la vivienda con créditos subsidiados con fondos de Anses, pero terminó centrado en la clase media con recursos. Recibió 1.350.000 solicitudes, sorteó 530.000 viviendas pero concretó apenas 200.000, sin que se sepa cuántas se finalizaron, ya que en muchos casos la inflación licuó los ingresos de los adjudicatarios.

El gobierno de Mauricio Macri propone volver al financiamiento hipotecario tradicional para la clase media, bajando la inflación y creando unidades de crédito ajustadas al índice de precios. Además, propone financiamiento de organismos internacionales para viviendas sociales e infraestructura. Y mantener el Procrear, pero con selección focalizada, sobre la base de la realidad social y no por sorteo. Sin embargo, recrear la confianza para el retorno del crédito hipotecario llevará años y una intervención sobre el sistema financiero (regulaciones, subsidios de tasas) que la nueva administración no parece dispuesta a realizar. Además, como se vio esta semana en el tironeo de Nación con el gobierno rionegrino por el plan Techo Digno, los viejos vicios de trabas burocráticas y centralismo a la hora de diseñar planes y asignar recursos a las provincias siguen presentes. Tampoco se visualiza una política activa sobre una de las principales trabas: la falta de terrenos accesibles y el uso de la tierra fiscal.

Por ahora se advierten algunas buenas iniciativas sectoriales. Pero sin un plan integral que articule las tres instancias públicas (nacional, provincial y municipal) y que influya positivamente en los mercados inmobiliarios y financieros, habrá pocas esperanzas de revertir un problema que angustia a miles de familias en nuestra región.