Los “ni-ni”, ausentes del diálogo social

Editorial

El gobierno abrió esta semana una ronda de diálogo con la CGT y empresarios para definir un bono social y salarial de fin de año, dirigido principalmente a los trabajadores registrados y beneficiarios de planes sociales; al mismo tiempo que un estudio confirmó que más de un millón de jóvenes argentinos tiene serios problemas de empleo, y de no mediar acciones urgentes del Estado y la sociedad se agravará la situación de informalidad y pobreza en la que se encuentra.

El estudio realizado por Adecco, una organización especializada en capacitación laboral y búsqueda de empleo, señaló que el 24% de los 4,4 millones de jóvenes de nuestro país no estudia ni trabaja y que un 17,3%, casi 700.000 chicos, ya tiró la toalla y ni siquiera intenta terminar sus estudios o buscar empleo. La abrumadora mayoría de este último grupo son mujeres, casi 590.000 personas. Siete de cada diez jóvenes señalaron la falta de experiencia como la principal dificultad para insertarse en el mercado laboral, mientras que desde las empresas más de la mitad señaló la carencia de competencias técnicas como la gran traba para incorporar mano de obra.

Esta realidad se ha mantenido constante en los últimos años, evidenciando problemas estructurales en nuestro país para vincular educación, asistencia social y mercado laboral. Casi la mitad de los adolescentes no logra terminar su secundario a tiempo y la calidad de educación que reciben es mediocre. Consecuentemente, una proporción similar tiene problemas de empleabilidad. Esto se evidencia en la elevada proporción que tienen los jóvenes en los indicadores de informalidad laboral, pobreza, adicciones y victimización de violencia.

Las soluciones liberales o intervencionistas intentadas no han dado los resultados esperados. En los 90, los planes de flexibilidad laboral no lograron consenso social ni político y fueron implementados de manera parcial y caótica, terminando en precarización y cifras de desocupación cercanas al 20%. Durante la década kirchnerista, además de la Asignación Universal por Hijo, el plan Progresar fue ideado para asistir a los integrantes de entre 18 y 24 años de las familias más pobres. Lograron su objetivo sólo en parte, ya que si bien ampliaron la inclusión social no cumplieron con el objetivo de inducir a los beneficiarios a retomar los estudios o incentivar la formación para el trabajo. La desconexión entre los contenidos curriculares escolares y el mundo laboral, las dificultades burocráticas e impositivas para generar puestos de trabajo genuino y las debilidades de los controles que hicieron a los planes permeables al fraude estuvieron entre las causas de su limitado impacto.

El gobierno de Mauricio Macri prometió mejorar los sistemas, pero hasta ahora las iniciativas fueron limitadas, incluyendo un programa de pasantías jóvenes en cadenas rápidas de comida y call centers que fueron frenados en la Justicia por considerar que se vulneraban derechos laborales. En el recientemente inaugurado “diálogo social” entre el gobierno, empresarios y las centrales obreras, el tema del fomento del empleo joven ha estado ausente. Se esbozaron bonos para los más pobres, continuando con la lógica asistencial, y hubo promesas de exención de Ganancias y sumas fijas para los empleados en blanco, el sector más protegido del mercado laboral, con lo cual sólo se refuerzan los patrones históricos. La apertura del debate sectorial debería incluir propuestas para preparar mejor a los jóvenes para que logren acceder a puestos de trabajo de calidad. Se podrían aprovechar experiencias como la alemana, donde la enseñanza combina las clases, enseñanza técnica específica y prácticas laborales en las empresas. Suecia, Austria, Suiza y Dinamarca han implementado exitosamente planes similares. También trabajar en las regulaciones laborales, ampliando las categorías de aprendices, con salarios diferenciados y estímulo fiscal. O la simplificación de regulaciones y cargas sociales para las pymes, importantes en la formación laboral y primer empleo, que son tratadas por la legislación como si fueran corporaciones. La instancia de diálogo debiera abordar este y otros debates, que faciliten la creación de empleos decentes para los jóvenes en general, que de lo contrario seguirán relegados al sector más precario y vulnerable de la economía.


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