Policías en la reforma

Esta semana, autoridades judiciales, de la Provincia y jefes policiales avanzaron en uno de los aspectos menos trabajados de la Reforma Procesal Penal que se aplicará en Río Negro: la articulación de la Policía con los nuevos procedimientos de investigación. Una adecuación que por el momento se concretará mediante la capacitación de agentes y la modificación de los protocolos de actuación, pero que hace pensar en la necesidad de una reforma más estructural de la fuerza.

Los nuevos procedimientos de investigación en el sistema acusatorio estarán conducidos por el Ministerio Público Fiscal, que definirá las herramientas técnicas y recursos humanos para cada caso que merezca persecución penal, lo que implica una nueva relación con las fuerzas de seguridad que auxiliarán en la tarea.

Este esquema funcionará con la actual fuerza policial, que atraviesa su propio proceso de reestructuración, con recientes modificaciones a la ley orgánica que la rige y el retorno de un uniformado a su conducción, después de tres jefaturas civiles. El nuevo jefe, Daniel Jara, se comprometió al asumir a conformar los nuevos equipos de investigación que requiere la reforma, para lo cual se han programado varios encuentros de trabajo.

Sin embargo, para muchos especialistas esta adecuación debería ser apenas el primer paso de una reforma más profunda, que incluya en el corto plazo la creación de una Policía judicial. Ya desde la discusión del proyecto, los fiscales plantearon la necesidad de contar con equipos propios de investigadores, con gabinetes de Criminalística y laboratorios, entre otros.

El marco legal está. Tanto la Constitución provincial en su artículo 223 como la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (artículo 69º) contemplan la posibilidad de una fuerza de este tipo.

Aunque en su dirección puedan participar integrantes del Ejecutivo, hay consenso en que en el contexto de la reforma la dirección del cuerpo debería estar en el Ministerio Público Fiscal, ya que será esta instancia la encargada directa de conducir las investigaciones necesarias.

Mientras que para algunos autores la Policía de seguridad y la judicial debieran ser dos facetas de un mismo cuerpo, otros se inclinan por una separación más estricta. La Policía de seguridad, a cargo del Ejecutivo, actuaría en las funciones territoriales, preventivas y en los momentos en que el delito está en desarrollo: cuando existe el riesgo de fuga del delincuente, hay vidas o bienes en peligro o posibilidad de que se destruyan pruebas. La Policía judicial debiera estar exclusivamente bajo la órbita de ese poder y específicamente la Procuración, el ámbito que aplica la ley cuando existe un delito consumado que viola o amenaza derechos. Esto no impide que existan ámbitos de consenso y coordinación con otros poderes del Estado, dentro de una política criminal integral.

La separación de competencias entre prevención e investigación criminal parece estar avalada por la historia reciente de nuestra Policía. Como señaló el propio gobernador Weretilneck, durante buena parte de las administraciones radicales hasta el 2012 la Policía estuvo atravesada por los conflictos internos y “excesiva partidización y politización” que afectaron investigaciones. Los casos de asesinatos impunes como el doble crimen de Río Colorado, los dos triples crímenes de Cipolletti y el caso de Daniel Solano en Choele Choel, entre los más resonantes, grafican esto. Sin embargo, las tres direcciones civiles que ha tenido el nuevo gobierno no han estado exentas del problema, como refleja el caso del policía Lucas Muñoz en Bariloche, que sigue lejos de esclarecerse.

En nuestro país existen experiencias exitosas de esta separación de competencias, como en Córdoba y Santa fe.

De esta manera, aunque suena muy prematuro organizar una fuerza de este tipo para la reforma que se inicia el 1 de agosto, la creación a corto plazo de un cuerpo policial autónomo frente al Ejecutivo, con agentes altamente capacitados en técnicas de investigación criminal, gabinetes profesionales y subordinado al Ministerio Público Fiscal, debiera ser parte de un debate profundo para la elaboración de una política de seguridad integral en nuestra provincia.