Que no quede en familia

El nepotismo tiene hondas raíces en nuestra cultura. Conseguir una posición de privilegio para la descendencia familiar en la competencia por los recursos económicos y de poder ha sido una constante en la evolución humana.

Sin embargo, a diferencia de las sociedades tradicionales, en el Estado moderno se espera que la administración cotidiana de los asuntos públicos esté a cargo de autoridades elegidas democráticamente y una burocracia profesionalizada. El nepotismo, el amiguísimo y el clientelismo en la distribución de los empleos públicos son vistos como obstáculos para una administración eficiente del Estado y se busca combatirlos con mecanismos de control.

En Argentina, donde el sentido corporativo de la dirigencia convierte a diferentes ramas del Estado en un “botín” a conquistar para lograr beneficios sectoriales, el nepotismo ha sido constante en todos los sectores políticos. Por eso no hubo sorpresa cuando, a poco de andar, a la nueva administración de Cambiemos se le reprochara la designación de familiares y amigos de sus principales dirigentes en diversas dependencias, después de haber realizado una “limpieza” de supuestos ñoquis y acomodados que el kirchnerismo había dejado en toda la administración.

Fue el caso de Jorge Triaca, el que parece haber rebalsado el vaso de esta naturalización del nepotismo en el Estado. En medio del escándalo por el maltrato y la contratación de una empleada en “negro” por parte del ministro de Trabajo, se sumaron críticas por la designación de su hermana, cuñado y otros parientes en distintos organismos públicos, con elevados sueldos. Intentando sortear esta crisis inoportuna en momentos en que encara un ajuste en el Estado, el presidente Mauricio Macri dictó esta semana un decreto que busca eliminar esta práctica. La norma prohíbe la designación de familiares directos o políticos hasta el segundo grado a los funcionarios de mayor jerarquía del gobierno (presidente, vice, ministros). Exceptúa a quienes tienen sus cargos por concurso o tengan estabilidad anterior. Además, anunció una reducción del 27% de la planta política y el congelamiento de los sueldos de funcionarios de jerarquía.

Las críticas opositoras no se hicieron esperar. Señalaron que el ahorro será de menos del 1% del gasto, que de los 40 parientes apuntados apenas renunciaron diez y que la reducción de secretarías y cargos se da luego de un aumento de un 25% de la planta política desde el 2015, con lo cual su efecto es casi nulo. Además, el decreto sobre parientes deja afuera a secretarios, subsecretarios, directores y a los poderes Legislativo y Judicial, además de los niveles provinciales y municipales. Medios y redes sociales se poblaron de casos de acomodo de parientes en administraciones de todos los signos políticos, Río Negro y Neuquén incluidos, mostrando que es una práctica que excede a los partidos y está extendida en todos los niveles e instituciones del Estado.

Sea porque lo hace sinceramente o como una oportunidad política para sortear un escándalo mayor (el caso Triaca), la medida fue bien recibida por quienes aspiran a una mejor calidad institucional en el país. Aunque apenas sea un primer paso, no es menor. El analista Ignacio Zuleta comparó la medida con el hecho de que los jueces paguen Ganancias: su efecto económico es casi nulo, pero el impacto simbólico para el sistema republicano es fuerte.

El nepotismo es un resabio feudal y consolida a las castas políticas que colonizan el Estado. Además, desincentiva un sistema meritocrático, genera privilegios que abonan la ineficiencia estatal y consolida relaciones de lealtad personal que contribuyen a que muchos hagan la “vista gorda” ante la corrupción en el Estado.

Como señalaron varias ONG ciudadanas, el nepotismo puede combatirse ya aplicando la norma que exige el ingreso por concursos trasparentes en toda la administración pública. Pero el debate que generó el decreto podría ser la primera etapa de una revisión profunda de la ley de Ética Pública, sobre todo en la financiación de la actividad política, los conflictos de intereses de los funcionarios y el sistema de contrataciones del Estado, en donde están hoy los agujeros más grandes por donde se cuelan los principales hechos de corrupción en nuestro país.