Recomponer autoridad

La abrupta y llamativa forma en que terminó la ocupación de seis meses de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales deja como lamentable saldo un enorme daño institucional y la necesidad de consensos para recuperar el principio de autoridad democrática en esa casa de estudios.

A quienes viven fuera del microclima de la política universitaria les cuesta entender que un reclamo laboral de dudosa legitimidad de tres personas haya derivado en la ocupación de una de las más importantes sedes académicas del Alto Valle, provocando la paralización de sus actividades más importantes, generando perjuicios estimados en más de 400.000 pesos y, lo más grave, la deserción de cientos de alumnos, entre el 50 y 80% de la matrícula inicial de las principales carreras.

Después de meses de diálogo de sordos e intransigencia, quedó en evidencia la pérdida de autoridad que implicó el conflicto para la conducción universitaria. Fueron el gobierno rionegrino, hasta hace poco prescindente en el tema, y un sindicato que sólo había estado intermitentemente en contacto con las ocupantes los encargados de llevar la solución, no exenta de polémica: la incorporación de las tres ocupantes al presupuesto de la Provincia.

Una imagen que tuvo mucho de puesta en escena y de oportunismo político, cuando la Justicia ya había procesado a las extrabajadoras de la cooperativa de limpieza por el delito de usurpación, y el conflicto amenazaba con desbordarse con la “contraocupación” realizada por autoridades, estudiantes, docentes y no docentes en contra de la toma por la fuerza de toda la sede de la facultad que habían respaldado militantes de ATE y la CTA.

El desenlace lleva un negativo mensaje al interior del establecimiento y hacia la sociedad en general: se terminó premiando el uso de la fuerza para legitimar el reclamo y la defensa de intereses sectoriales en desmedro del interés general.

Desde siempre, las sociedades han adoptado normas e instituciones para regular los inevitables conflictos que se establecen entre distintos individuos y sectores de la sociedad.

En el Estado democrático moderno, el uso de la coerción y la aplicación de la fuerza directa se reservan sólo para casos extremos de la alteración del orden y cotidianamente rige el principio de autoridad: se espera una obediencia y un respeto espontáneo y cotidiano de la mayoría de los ciudadanos a las reglas establecidas porque se supone que ese orden, definido por representantes electos por el voto popular, tiene una legitimidad reconocida por todos. Y acepta la eventual aplicación del poder estatal en caso de que sea necesario mantener su vigencia. Una autoridad sin poder quedaría a merced de cada grupo o sector violento que quisiera desafiarla.

Los constitucionalistas anglosajones apelan a la noción de “enabling constraint” (restricción habilitante) para justificar la necesidad de la autoridad: dar el poder para limitar ciertas acciones de interés individual o faccioso permite realizar acciones y alcanzar metas más valiosas al conjunto de la sociedad.

Es este principio de autoridad democrática el que ha resultado más dañado con el extenso conflicto que vivió la comunidad universitaria de la Fadecs. De hecho, la anterior conducción de la unidad académica debió renunciar debido a su incapacidad de manejar las presiones de facto de las extrabajadoras y el grupo que ocupó las instalaciones. El actual decano y Consejo Directivo deberán lidiar con las heridas internas que dejó este conflicto en los diferentes claustros. Y abrir un proceso de diálogo para recomponer la autoridad dañada, con el negativo precedente de la convalidación de medidas de acción directa para conseguir atención a reclamos particulares, por menores o ilegítimos que parezcan.

En el saldo negativo también figuran los daños económicos y la pérdida de prestigio de una de las principales instituciones que forma a los profesionales e investigadores de la región, que es sostenida con los impuestos que paga la mayoría de la población, buena parte de la cual no tiene acceso a sus aulas.