Sin Defensa

Editorial

Los angustiantes sucesos relacionados con la desaparición del submarino “ARA San Juan” revelaron no sólo una impresionante solidaridad internacional para auxiliar a nuestro país en la búsqueda sino también la severa crisis que atraviesan las Fuerzas Armadas, producto de al menos 30 años de políticas de defensa incoherentes y una crónica desfinanciación del sistema.

En medio de las críticas a la Armada por supuestas demoras en los protocolos de emergencia y el mal manejo de la información sobre la explosión que habría sufrido el sumergible, especialmente a las angustiadas familias de sus 44 tripulantes, el gobierno de Mauricio Macri realizaría cambios en la cúpula militar.

El operativo naval más importante de los últimos tiempos en aguas argentinas, donde intervienen 12 países que utilizan tecnología de punta, evidenció la precariedad logística, la obsolescencia de recursos y la desatención que han tenido en las últimas décadas nuestros militares. Según expertos en la materia, el 90% del armamento y equipamiento de las Fuerzas Armadas tiene entre 30 y 50 años de antigüedad, con pobre mantenimiento. Nuestro país gasta en Defensa menos del 1% de su PBI, mientras que el promedio regional es 1,4%. Además, casi el 90% de ese gasto es previsional (retirados) y salarios, de modo que el presupuesto para funcionar y reequipar a las fuerzas es casi nulo. Son habituales la suspensión de misiones de entrenamiento por falta de recursos y los accidentes con aviones, barcos y armamento que ya cumplieron su vida útil.

Desde 1983, se han sucedido administraciones democráticas de distinto signo, sin que ninguna haya podido definir con claridad cuál es el rol para nuestras Fuerzas Armadas en una sociedad democrática del siglo XXI. El crónico intervencionismo en política de los militares en el siglo pasado que culminó en el terrorismo de Estado de la última dictadura, además del trauma de Malvinas definieron muchas políticas. El control civil y el desmantelamiento de estructuras elefantiásicas fue la prioridad de Raúl Alfonsín, que enfrentó alzamientos militares. Su sucesor Carlos Menem terminó con las rebeliones y comenzó un achicamiento y reducción del gasto (que incluyó el fin del servicio militar) que se mantuvo con distintas administraciones. Desde la participación simbólica en la guerra del Golfo como aliado extra OTAN en los 90 a un supuesto perfil desarrollista “nacional y popular” en el kirchnerismo, en el que no faltaron hechos de corrupción, fueron intentos fallidos de fijar una misión clara a la Defensa.

La administración de Cambiemos asumió priorizando apuntalar “un sistema de defensa con elevado nivel de destrucción” y “recuperar la moral del personal” afectado por años de destrato, en palabras del senador Federico Pinedo. Macri no ha presentado un plan estructurado, pero planteó seis objetivos para las Fuerzas Armadas: apoyo a la diplomacia (misiones de paz), protección ambiental (como el control de la pesca ilegal), custodia de fronteras, cooperación en situaciones de catástrofe (como en incendios e inundaciones), respaldo a la lucha contra el terrorismo (en una alianza global) y en la lucha contra el narcotráfico.

Estas últimas dos son las más polémicas, porque requieren modificar la estricta separación entre defensa externa y seguridad interior, prohibida por ley desde 1986 a los militares. Los defensores de terminar con esta división muestran los ejemplos de Colombia y Brasil, donde participan de estos aspectos con relativo éxito. Sus detractores traen a colación el caso de México, donde la intervención militar en un esquema de “guerra a las drogas” sin un plan integral fragmentó los carteles y desató una ola de violencia que deja casi 3.000 homicidios al mes, una cifra sólo comparable con la guerra civil en Siria.

Asumiendo que es necesario un sistema de Defensa nacional, nuestra clase política aún no se pone de acuerdo sobre cuáles son sus objetivos, qué tipo de Fuerzas Armadas los llevarían adelante y cómo se financiarán adecuadamente. Esto exige un profundo debate para reestructurar todo el sistema y fijar políticas de Estado, hoy ausentes en el debate político.