Sin soluciones fáciles

El impactante caso de violación y asesinato de Micaela generó una ola de indignación nacional, no sólo por el hecho de representar un caso extremo de violencia sexual contra una adolescente, sino por el debate que generó la facilidad con que su asesino logró eludir la acción de la Justicia por hechos anteriores.

Uno de los blancos del enojo generalizado fue el juez de Garantías Carlos Rossi, que le permitió al asesino de Micaela, Sebastián Wagner, un régimen de libertad condicional en una condena a 9 años de prisión por otras violaciones, desechando los informes negativos que expertos del Servicio Penitenciario Federal habían hecho sobre este individuo, con características de psicópata y renuente a todo tratamiento en prisión.

“Esto con la reforma del Código no hubiera pasado”, señaló uno de los integrantes de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto para reformar el Código Penal, que la semana pasada avanzó en limitar las excarcelaciones y la libertad condicional a criminales reincidentes, agresores sexuales y secuestros extorsivos, entre otros delitos graves. Pero este debate suele ignorar los enormes problemas que plantea el sistema actual de ejecución de las penas de quienes son condenados por la Justicia, en especial quienes cometieron delitos sexuales.

Si bien se ha avanzado en este tema en los últimos años, el sistema sigue teniendo numerosas lagunas y deficiencias. Para quienes caen por primera vez en el delito, acceder a un sistema progresivo de reducción de pena y reinserción social suele ser un proceso lento, farragoso, arbitrario y burocrático. En cambio, delincuentes con experiencia, astucia, recursos económicos o poder logran manipular las debilidades del sistema en su favor, eludiendo la condena de la Justicia.

El seguimiento de las penas alternativas y las condiciones impuestas por los jueces para salidas laborales, transitorias y libertades condicionales suele chocar con la escasez y precarización del personal de los equipos multidisciplinarios.

Como se reflejan a menudo en las crónicas periodísticas, numerosos condenados incumplen las condiciones de su excarcelación y eluden la acción de la Justicia con sólo cambiar de jurisdicción, lo que en nuestra región implica cruzar el puente carretero Neuquén-Cipolletti o Viedma-Patagones.

Otro aspecto que este tipo de debates a menudo no toma en cuenta es la complejidad de los delitos sexuales aberrantes, como el caso Micaela.

Muchas de las soluciones propuestas para estos casos, como los registros genéticos y la castración química o quirúrgica, entre otros, chocan con problemas de constitucionalidad y han demostrado poca utilidad.

Un problema es diferenciar los casos de agresores sexuales ocasionales y sin delitos previos, que suelen tener bajas tasas de reincidencia con un tratamiento adecuado, y el de los psicópatas sexuales y sádicos, quienes suelen ser “internos ejemplares” y con buena conducta en los penales. Además, suelen ser astutos, inteligentes para enmascarar personalidades, logrando manipular a los profesionales que los evalúan o a los jueces. Como Wagner, que se negó a recibir terapia psicológica o psiquiátrica y a pesar de todo consiguió el beneficio.

Sin embargo, en casos como el del asesino de Micaela, el problema no se acaba con restringir las excarcelaciones anticipadas y otros beneficios. Si hubiera cumplido toda su condena, Wagner no hubiera violado y matado a Micaela, pero probablemente hubiera atacado a otra víctima, en otro lugar.

Las propuestas en esos casos van por el camino de las que realizó esta semana el Ministerio Público neuquino, que promoverá crear la figura de “agresores sexuales de riesgo” y crear un grupo multidisciplinario que realice un abordaje sobre esta población, que incluya un seguimiento incluso después de cumplir su condena. El desafío es tener un control sobre los ofensores sin vulnerar derechos. Para ello sería necesaria una reforma de los deficientes sistemas actuales de ejecución de pena, para evitar otorgamientos arbitrarios y cuestionables, además de prever, en casos como agresiones sexuales y la violencia de género, la participación y opinión de las víctimas en los procesos.