Un debate necesario

Nuestra región experimenta por estos días un debate que quizás no ha tenido la masividad que merece. Tanto Río Negro como Neuquén realizan intentos de designar un defensor del pueblo a nivel provincial, mientras que dos de las principales ciudades de la región, Bariloche y Neuquén, culminan los procesos de renovación de sus titulares.

La Defensoría del Pueblo es una institución relativamente nueva en nuestro país, importada de Europa, donde desde el siglo XIV en los países escandinavos el Ombudsman actuaba como un inspector que advertía al monarca de los problemas en la administración de Justicia. La incorporación de esta institución se da en los 90 tomando como base el modelo sueco y español.

En Argentina, la figura se aplicó primero a nivel local y provincial (Río Negro fue pionera), para luego consolidarse a nivel nacional con la reforma constitucional de 1994. Adoptó un fuerte perfil de defensa de los derechos humanos y de protección de individuos y comunidades contra las arbitrariedades de la administración pública. Aunque se trata de “magistraturas de persuasión”, es decir que no pueden imponer sus “recomendaciones” a los poderes del Estado, su capacidad técnico-legal y prestigio le dan a las defensorías del pueblo gran influencia en los asuntos públicos. Además, sí puede actuar ante la Justicia y obligar al Estado y sus funcionarios a brindar la información y documentación necesaria para sus investigaciones, lo que en administraciones opacas y reticentes a rendir cuentas como las de nuestro país resulta a menudo la única vía de conseguir explicaciones. La accesibilidad y gratuidad de sus servicios, su autonomía frente a los gobiernos y el fuerte impacto público de sus actuaciones generaron gran demanda en la ciudadanía, especialmente tras la crisis del 2001.

Sin embargo, el interés ciudadano fue inversamente proporcional al de los gobiernos, que fueron poniendo cada vez más trabas a su funcionamiento. La Defensoría del Pueblo de la Nación está vacante desde el 2009, tras la renuncia de su titular Eduardo Mondino. El kirchnerismo nunca mostró interés en designar a un funcionario que pudiera complicarlo con sus investigaciones. Cambiemos prometió llenar la vacante, pero hasta hoy el Congreso sólo ha nombrado a cuatro candidatos y se prevé un largo debate. En Neuquén, la designación de un defensor del pueblo provincial fue anunciada por el gobernador Gutiérrez, aunque el desacuerdo entre el MPN y la oposición sobre el mecanismo de su designación mantiene trabado el proceso en la Legislatura. En Río Negro pareciera decantarse una renovación, ya que la actual defensora no cuenta con el aval de la oposición, que la acusa de tener un perfil “complaciente” con el gobierno; ni tampoco del oficialismo. Tanto en la capital neuquina como en Bariloche culmina la inscripción, con varios interesados en el cargo, en medio de presiones cruzadas y “favoritos” de distintos sectores políticos.

Quizás el mayor inconveniente haya sido, como lo señala la jurista Alicia Pierini, la excesiva personalización del cargo, heredado de la tradición monárquica europea. Aunque el cargo unipersonal puede ser positivo si recae en una persona “intachable y con fuertes convicciones de defensa de los derechos humanos”, con cada renovación cambia el staff y se perjudica “la interdisciplina, la transversalidad, la democracia interna” propias de un organismo de la democracia del siglo XXI, señala. A menudo el personalismo ha servido para acusar a los defensores de buscar protagonismo político con fines electorales. La idea de designar a “opositores” tampoco pareciera ir en dirección de la autonomía partidaria propia de la función.

Quizás el debate actual debiera ser cómo lograr que las defensorías del pueblo logren ser instituciones menos personalistas, de calidad, con estabilidad y actualización permanente de sus cuadros técnicos, que sean organismos de referencia y confianza para la sociedad. Y que la designación de sus titulares no se transforme en un proceso de pujas e intercambios de favores políticos, con largos periodos de indefinición que dejan a los grupos más vulnerables de la sociedad sin una herramienta clave de participación ciudadana para defender sus derechos.