Una demora inexplicable

El presidente Mauricio Macri mencionó en su reciente discurso de apertura de sesiones legislativas la sanción de la ley de Acceso a la Información como uno de los logros del gobierno en materia de mayor transparencia en el accionar del Estado. Sin embargo, esta semana varias organizaciones de la sociedad civil le recordaron que su gobierno todavía adeuda la reglamentación de la norma, un paso clave para su aplicación efectiva, a más de seis meses de su sanción en el Congreso.

La ley 27275 aprobada en septiembre de 2016 reemplazó al decreto 1172 del 2003, que regulaba el acceso a la información pública y según la mayoría de los expertos tenía numerosas deficiencias y vacíos para realizar un efectivo control ciudadano sobre qué se hace con los recursos del Estado.

La norma aprobada el año pasado establece que todos los organismos públicos deben elaborar un “plan de apertura de datos” que incluya entre otros aspectos la estructura orgánica de la dependencia, declaraciones juradas de sus funcionarios, personal contratado, escalas salariales y contrataciones públicas. Pero además se ampliaba sustancialmente a los sujetos que estaban obligados a responder los pedidos de información, abarcando no sólo a los tres poderes del Estado nacional (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y sus instituciones, sino que extendía la obligación a concesionarios y licenciatarios de servicios públicos y juegos de azar, empresas estatales o con participación del Estado (como YPF) y entidades privadas o sin fines de lucro que reciban fondos estatales para su funcionamiento, como partidos, sindicatos o universidades.

Esta consulta debe ser gratuita y no necesita identificación del peticionante ni fundamentarse jurídicamente, ya que la norma considera que es deber del Estado informar cómo, cuánto y en qué gasta los fondos públicos. Establece plazos perentorios para la entrega de los datos (para evitar las dilaciones que en muchos casos convierten en abstracto el pedido) y define que deben ser entregados en formato abierto, para que puedan ser usados, analizados y distribuidos libremente por personas u organizaciones.

El texto aprobado establecía un plazo de 90 días para su reglamentación, situación que no fue cumplida. En un comunicado, la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano señalaron que esta demora “puede conducir a obstaculizar y/o retrasar la implementación de la ley por parte de los tres poderes del Estado, que deben generar mecanismos internos para su efectiva aplicación a partir del mes de septiembre”. Las organizaciones recordaron que le ofrecieron al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ser parte de un proceso participativo para reglamentar la norma, sistema que fue rechazado por el funcionario y reemplazado por “una consulta pública a través de una plataforma web que no permitió discutir una propuesta concreta”.

De este modo, se sigue vulnerando el derecho de los ciudadanos, garantizado por la Constitución y establecido en la ley, a obtener de forma gratuita toda información pública, excepto en aquellos casos en que estén implicados datos confidenciales de las personas o secretos de Estado por razones de defensa o política exterior.

Es de esperar que el actual gobierno, que ha colocado la claridad de la gestión y la modernización del Estado como dos de sus banderas más destacadas tanto de la campaña electoral como del primer año de gestión, cumpla con lo expresado en la sanción de la ley y, como señalan las organizaciones de la sociedad civil, realice sin más dilaciones una reglamentación “de acuerdo a los más altos estándares internacionales, y reflejando el espíritu de apertura y transparencia” de una ley clave para mejorar la pobre cultura de control y rendición de cuentas en los asuntos públicos que tiene nuestro país.