Detienen a importante CEO que comprometió a Lula y Temer

El director general de la empresa procesadora de carnes más grande del mundo fue arrestado ayer en Brasil bajo sospecha de manipular los mercados financieros.

Wesley Batista fue detenido en Sao Paulo. Batista y su hermano Joesley, expresidente del directorio de JBS, han expresado en acuerdos con la fiscalía que la empresa pagó sobornos a decenas de políticos, entre ellos el presidente Michel Temer. Éste niega haber cometido delito alguno.

Ayer también comenzó a ser juzgado por segunda vez por el juez Sergio Moro, por corrupción pasiva, lo que muestra el grado de connivencia entre empresarios y políticos para cometer irregularidades a costa de las arcas estatales.

Los Batista han estado en el centro de la dramática investigación sobre corrupción en las últimas semanas, un drama caracterizado por el hecho de que muchos testigos han realizado acuerdos con la fiscalía. Ha quedado al descubierto una trama en la que varias empresas pagaron millones de dólares en sobornos a políticos.

Esta investigación, la más grande de la historia brasileña, ha implicado a varios expresidentes. Uno de ellos es Lula.

Los directivos de JBS han respaldado con pruebas algunas de sus denuncias más graves, entre ellas la de que Temer se disponía a recibir millones en pagos por ayudar a la procesadora. Pero últimamente los fiscales han cuestionado si Joesley Batista y otros directivos no ocultaron información, violando así sus acuerdos.

Las acusaciones de ayer apuntaron a las actividades de la empresa en las semanas anteriores a que se hicieran públicos sus acuerdos.

El investigador policial Victor Hugo Rodrigues Alves dijo que los Batista sabían que sus declaraciones afectarían los precios de las acciones y provocarían una caída del real frente al dólar, y se aprovecharon de ello.

Entre fines de abril y mediados de mayo, cuando negociaban con la fiscalía, efectuaron grandes compras de dólares en el mercado a futuro, dijo Rodrigues Alves. En ese período, su holding vendió acciones de JBS por valor de cientos de millones de dólares.

“Las víctimas no son solo accionistas de JBS”, dijo Rodrigues Alves. “En un contexto mayor, el país es una víctima en la medida que los crímenes afectaron la confianza del mercado”.

Por su parte, Lula da Silva empezó a declarar en una causa de “corrupción pasiva” similar a la que ya le valió una condena a casi diez años de cárcel.

Lula, que recurre en libertad la primera sentencia dictada por Moro, llega debilitado a este segundo proceso, después que su exministro de Finanzas Antonio Palocci, que purga una pena de doce años de reclusión, admitiera la semana pasada que las acusaciones contra el líder histórico de la izquierda tienen fundamento.

En concreto, Moro deberá determinar si la constructora Odebrecht pagó un terreno para el Instituto Lula en Sao Paulo y si puso a disposición de la familia del exmandatario (2003-2010) un apartamento en la vecina Sao Bernardo do Campo.

“En un contexto mayor, el país es una víctima en la medida que los crímenes afectaron la confianza del mercado”.

Victor Hugo Rodríguez Alves, investigador policial del caso JBS.