Acusaron al presidente del EPAS de la contaminación del río Neuquén

La fiscal federal Cristina Beute imputó al presidente del EPAS, Mauro Millán, por contaminar el río Neuquén y solicitó su indagatoria al igual que la de otros cinco gerentes de la entidad provincial. El juez Gustavo Villanueva definirá en febrero cuándo los citará a dar explicaciones.

La acusación involucró a los responsables jerárquicos de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales del Parque Industrial Neuquén (PIN) y Bardas Norte.

La información se conoció ayer por el sitio web de los fiscales de la Nación, aunque el pedido de indagatoria se realizó el 29 de diciembre pasado.

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Según describió Beute, la acusación contra los seis responsables del manejo de las plantas lindantes al río Neuquén se produjo por dos investigaciones iniciadas en diciembre de 2016, con estudios que continuaron hasta mayo de 2017.

A partir del último muestreo logrado en mayo de 2017, testimoniales y otras medidas de prueba, la fiscalía constató la contaminación del Neuquén como consecuencia del vertido de efluentes y que los líquidos llegaron al río por un deficiente tratamiento de las plantas que son administradas por el EPAS en el área de Parque Industrial y aguas abajo.

La indagatoria se pidió a Villanueva al plantear que son “administradores y custodios de una fuente de peligro” que puede afectar la salud. Agregan que los cursos de agua se tornan “peligrosos para la salud y el ambiente general” cuando presentan mayores cantidades a la permitida de escherichia coli, sulfatos, nitrógeno de nitrito y amoniacal.

“La investigación comenzó en diciembre de 2016 y se colectó información de todos los organismos que monitorean los ríos: AIC, Recursos Hídricos, Secretaría de Ambiente, la Municipalidad (de Neuquén) y hasta organismos privados como la Asociación de Profesionales de Medio Ambiente”, describió Beute.

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Agregó que además de los datos existentes en los organismos se realizó, con la asistencia de Prefectura y peritos, un muestreo de campo a la altura de la planta y aguas abajo. A esto se agregaron testimoniales de personal técnico del EPAS y vecinos ribereños, entre otros.

“Todo lo que se analizó excede los valores permitidos” tanto en los puntos de descarga como en los valores guía tomados como referencia aguas abajo, dijo la fiscal.

Los valores del vertido también superaban los máximos esperables en los propios manuales de funcionamiento de los módulos cloacales. La conclusión es que el vertido es peligroso para la salud pública por constatarse la producción de sustancias nocivas, tóxicas y agentes que pueden producir infecciones en personas y animales vivos.

La Justicia utilizó mediciones de los organismos de control y también pidió muestreos propios. La investigación empezó en el 2016 y se extendió más de un año.

Gils Carbó no autorizó el apartamiento de la fiscal

La ex procuradora de la Nación, Alejandra Gils Garbó, rechazó el apartamiento de la fiscal Cristina Beute solicitada por el diputado Mariano Mansilla en septiembre pasado, relacionado con su actuación en causas vinculadas a la contaminación de los ríos.

La medida disciplinaria fue desestimada a mediados de noviembre de 2017. Mansilla, un integrante de la comunidad Kaxipayiñ y los entonces concejales Fernando Schpoliansky y Francisco Baggio pidieron su “apartamiento” en tres causas en las que se investigaba hechos de contaminación de los ríos Neuquén, Colorado, Negro y Limay.

Gils Garbó dispuso el archivo del planteo por considerar que no hubo razones para “iniciar una investigación disciplinaria”. Según el dictamen de la Procuración Nacional del 17 de noviembre, “No se advierte que la intervención de la fiscal Beute en las causas” por las que fue denunciada “merezca algún tipo de reproche funcional”.

La fiscal planteó en su descargo que las causas por las que se la denunció de mal desempeño no habían sido instruidas por ella, sino que actuó como subrogante en situaciones puntuales, en tanto en una tercera investigación en la que se pidió su apartamiento, al momento del reclamo, la causa ya estaba en plena producción de pruebas.

El dictamen se conoció a mediados de diciembre, cuando la procuradora Gils Garbó ya había renunciado. La denuncia fue radicada el 25 de septiembre por Mansilla, Schpoliansky, Baggio y Gabriel Rolando Cherqui.

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