Piden investigar a diez funcionarios

Se denunciaron irregularidades en la venta de lotes a orillas del río Nahueve, donde se va a instalar una central hidroeléctrica y llegará el asfalto. Las tierras son provinciales y habían sido reservadas por la comisión de fomento para uso turístico.

Casi una decena de actuales y exfuncionarios de la provincia quedaron involucrados en una denuncia por supuestas maniobras y autoadjudicaciones en un “loteo irregular” de tierras fiscales sobre el río Nahueve, en el norte de Neuquén. Se trata de un rincón paradisíaco cercano a donde se construirá una minirrepresa capaz de generar electricidad para unas 24.000 personas y que pondrá bajo riego unas 30 hectáreas.

La denuncia fue presentada por el diputado Mariano Mansilla (Une-FPN) y solicita que se investigue la presunta comisión de delitos penales del exministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya; el exsubsecretario de Tierras, Eduardo Ferrarero; el expresidente de la comisión de fomento de Villa Nahueve, Héctor Latorre; el actual funcionario de Tierras, Fernando Domínguez Estevez; y los intendentes de Chos Malal, Hugo Gutiérrez, y de Andacollo, Ariel Aravena. El lunes ingresó en la fiscalía de delitos patrimoniales y quedó en manos de Marcelo Jara quien solicitó, como primera medida, información vinculada a la causa que se encuentra en el fuero civil.

El escrito plantea que los hechos tuvieron origen en el proyecto de ordenamiento territorial de 40 hectáreas sobre el río Nahueve, cuya elaboración estuvo a cargo del Copade y que fue ejecutada en forma conjunta entre Desarrollo Territorial y la comisión de fomento de Villa Nahueve, en 2010. Se acusa a los exfuncionarios de haber promovido un desarrollo inmobiliario “vulnerando legislación en materia de uso y distribución de tierras fiscales”, y “desconociendo derechos de ocupación anterior por parte de una familia de lugareños”, los Vázquez Sepúlveda, quienes estarían allí desde 1947.

Mansilla dijo que el parcelamiento sobre el río Nahueve se realizó una vez terminadas las obras de emplazamiento del puente “y donde casualmente llega la cinta asfáltica sobre la ruta 43”. “Estas tierras públicas fueron enormemente valorizadas por acciones del Estado, y luego, sometidas a un parcelamiento y loteo privado, con todos los servicios incluidos y las calles públicas delimitadas”, agregó.

El diputado adjuntó un listado de supuestos adjudicatarios que incluyen a los intendentes Aravena y Gutiérrez, al presidente de Cormine, Martín Irigoyen, y al exvocal del Consejo Provincial de Educación, Bernardo Olmos. La ley de tierras fiscales 263 y los decretos 826/64 y 1811/10 prohíben la adquisición de tierras fiscales urbanas o rurales a funcionarios y sus familiares hasta un año después de finalizado su mandato.

El loteo

Datos

40
hectáreas integran la reserva fiscal que la comisión de fomento pretendía convertir en un polo inmobiliario.

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